Este es un lugar en cual los hombres y mujeres de orientación política, podrán conocer mi sentido de lucha por una patria mejor y un porvenir más promisorio para nuestros Niños. Como político, hice lo que quizás pocos han hecho para su patria y su partido. Fui el hombre que 1978, desde el centro de información de la 30 marzo, intercepto todas las llamas del Palacio de Gobierno donde estaba Balaguer, y termino con darle el primer golpe de estado telefónico en América Latina. Sacando a
Miguel Ceara-Hatton La “presunción de legalidad” La “presunción de legalidad” durante 15 años, es el argumento que utiliza la Corte Constitucional (CC) (Sentencia 256-14) para desligar al Estado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Igual ocurrió con la Sentencia 168-13, que desnacionaliza dominicanos de origen haitiano, señalando que varios miles de ciudadanos “presumieron” que eran dominicanos como consecuencia de un error sistemático cometido durante 81 años por el propio Estado. Ambas sentencia desconocen las consecuencias jurídicas de decisiones del Estado, argumentando que son resultado de errores de interpretación, deficiencias institucionales o presunciones de legalidad. Me pregunto ¿cuántas más “presunciones de legalidad” “descubrirán” esa CC con implicaciones retroactivas? Si la Sentencia 168-13 creó un tollo internacional, la Sentencia 256-14 tendrá mayores implicaciones internacionales. Primero, porque la CorteIDH dictaminó que existe una Sentencia de la CC (la 168-13) y una Ley del Congreso (169-14) violatorias de los derechos humanos. Segundo, como consecuencia de ello el Estado hace la “rabiaca” de salirse de la CorteIDH, argumentando la “presunción de legalidad” y desconociendo las consecuencias jurídicas de esa membresía plena. Ahora, según los juristas hay dos alternativas: ratifica en el Congreso el instrumento de la CorteIDH o denuncia la Convención y se sale definitivamente de ambas. Las consecuencias son muchas: primero, los dominicanos nos quedamos sin protección en materia de derechos humanos, sobre todo en un escenario donde la autoridad es propensa a violarlos (ejecuciones extrajudiciales, la falta de independencia e imparcialidad de las Altas Cortes, etc) Segundo, la pérdida de credibilidad internacional por el incumplimiento de los compromisos cuando estos resultan adversos a los intereses de grupos en RD. Tercero, se afecta la imagen del país cuando la CorteIDH dice que el Estado viola los derechos humanos. El 70% del turismo dominicano viene de países sensible al tema de DDHH (EEUU, Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, Suecia, etc.) Cuarto, se afectan las relaciones comerciales y políticas con Europa a través del acuerdo comercial y el Acuerdo de Cotonú (en lo inmediato afecta al banano) y unas exportaciones de más de US $700 millones Quinto, se afectan las relaciones comerciales y políticas con EEUU, un país con un amplio lobby sensible al tema de la discriminación y violación de los derechos humanos. El origen de todo este tollo ha sido la desnacionalización retroactiva a miles de dominicanos de origen haitiano y pretender que los hijos son responsables de la ilegalidad de los padres, mientras el problema de inmigración irregular sigue sin solución. sábado, 08 de noviembre de 2014. SANTO DOMINGO