EL VERDADERO ALCANCE

Julio Gutiérrez

Nos hemos acostumbrado a plantear y ejecutar reformas fiscales dirigidas a unas clases sociales localizadas en los planos medios y bajos del entorno económico y social. Muy raras veces, por no decir nunca, los impuestos emanados de esas reformas han afectados a los niveles mas altos de la sociedad. También, persiste el criterio entre los fiscalistas de castigar el consumo y dejar a un lado la rentabilidad. La tendencia es que los países pobres cobren más impuestos a los ricos, como una medida de revertir los ingresos desde una clase pudiente hacia los que habitan en el umbral de la pobreza. Al parecer los responsables de las políticas fiscales del país, a través de los tiempos, no se han apoyado en la Curva de Laffer, que establece “la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos de impositivos”.

Aquí, cuando se habla de reforma solo se piensa en gravar el consumo, perdiendo de vista los principios de justicia, certidumbre, comodidad y economía. Olvidan que la capacidad contributiva se refiere a que, quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento del gasto estatal. Desde luego, como lo recomendó la misión del Fondo Monetario Internacional en la reciente reunión con las autoridades monetarias del país, “mejorar la calidad del Gasto”, ya que los síntomas del progreso se miden en la educación, la salud, la cultura y la justa distribución de la riqueza, para erradicar la exclusión social con fuentes de empleo dignas.

Una reforma fiscal no debe estar orientada hacia afuera; es decir, impactar al contribuyente. Es necesario que hacia adentro se modificación pautas de comportamiento y se eliminen criterios funcionales donde solo se obtienen resultados cuestionables en el desempeño de determinadas áreas de las dos instituciones de mayor recaudación de impuestos en la Republica Dominicana, que son las direcciones de aduanas y de impuestos internos. Las quejas de los contribuyentes no se detienen, en especial en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde el contribuyente a menudo recibe un tratamiento opaco.

Lo primero que se debe tomar en consideración para una verdadera reforma fiscal, es evitar clausulas o artículos provisionales que luego se convierten en disposiciones perennes. Cuando se analice el comportamiento del ITBIS, es mejor ampliar la base de aplicación y disminuir el porcentaje, pues es bien sabido que a una mayor tasa, hay más probabilidad de elusión. Para los niveles de sueldos de 300 mil pesos mensuales en adelante, colocar un 25 % fijo de impuesto, sin escalas y sin exención. El porcentaje para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la renta gravada, no puede ser

igual. En el caso de los micros y pequeños negocios, el porcentaje del impuesto debería ser de un 15 y un 20 anual, respectivamente. Las medianas pagarían un 24 % y las grandes empresas un 28 %. El criterio para clasificar los tipos de empresas, deberá ser establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, mediante una certificación emitida a solicitud de la empresa interesada.

Una reforma fiscal integral deberá considerar las distorsiones de la aplicación de las Leyes 11-92 y 8-90, pues sobre la marcha la DGII y DGA han venido utilizando criterios particulares en las exenciones que por ley le corresponde al sector de zonas francas. Lo lamentable es que el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación se ha mantenido sumiso ante las medidas desafortunadas de esas instituciones, provocando la salida del país de varias empresas. En ese mismo orden, en la actualidad existen muchas empresas con obligaciones pendientes con la DGII, cuyas actualizaciones son impedidas por la falta de un programa de flexibilización que convenza a los contribuyentes a formalizar su situación. Por último, una reforma fiscal para que sea integral, tendrá que motivar y ser atractiva hacia la inversión local y extranjera, para que de esa manera, los capitales de inversionistas criollos localizados en otros países puedan radicarse aquí nuevamente, contribuyendo con el desarrollo inclusivo del pueblo dominicano.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense