9 DE FEBRERO Y EL JUEZ GARZÓN

Tony Raful

La persecución y enjuiciamiento del juez Garzón, en España, demuestra hasta qué punto es esencial y valiosa la memoria histórica. El sólo hecho de iniciar procesos de investigación para el esclarecimiento de crímenes, genocidios y crueldades, ocurridos durante el angustioso período de la Guerra Civil Española, desató contra el digno magistrado, una conjura de fuerzas siniestras, que, en una ocurrencia insólita lo condujo al banquillo de los acusados, en una contraacusación llamada a limitar sus poderes, atropellar sus derechos e invalidar cualquier tentativa judicial llamada a establecer la verdad de los hechos históricos. Y es que la memoria histórica tiene un valor trascendente, arroja luz y conforma un legado necesario y pendiente en la construcción de la identidad social, política e histórica de los pueblos.

En nuestro país, después del ajusticiamiento del tirano en 1961, dentro del conjunto de acciones vandálicas y lesivas al respeto a los derechos democráticos, se perpetraron dos grandes masacres contra la juventud dominicana. Una de ellas sucedió el 20 de octubre de 1961 en la calle Espaillat de Ciudad Nueva, cuando cientos de jóvenes rebeldes, proclamaron “territorio libre” esa parte de la capital, desafiando los poderes represivos de los remanentes del trujillismo encabezado por el hijo mayor de Trujillo. Desde tempranas horas, los jóvenes ocuparon las calles aledañas, las azoteas, impusieron un nuevo orden democrático y liberaron con alambradas el espacio físico donde izaron las banderas de la libertad.

La policía resultó insuficiente para someter a los jóvenes a su autoridad en varias ocasiones, por lo cual, Ramfis Trujillo, envió soldados de la Base Aérea a reforzar la acción policial, ejecutándose una masacre de cientos de apaleados, golpeados inmisericordemente, las casas violentadas, y el asesinato de tres jóvenes estudiantes.

La otra ocurrió el 9 de febrero de 1966, cuando cientos de estudiantes universitarios y secundarios marcharon hacia el Palacio Nacional, para demandar del Gobierno Provisional del doctor Héctor García Godoy, el inmediato reconocimiento las nuevas autoridades de la Universidad de Autónoma de Santo Domingo, elegidas por el “Movimiento Renovador” de su profesorado inspirado en la gesta de abril de 1965.

Los estudiantes reclamaban también, la desocupación de los planteles escolares en poder de las tropas invasoras, así como las reivindicaciones expresadas en la lucha por la democratización de la enseñanza y en defensa de la soberanía nacional dominicana.

Cuando los estudiantes llegaron a la explanada frontal del Palacio Nacional, se encontraron con tropas policiales alrededor del mismo, numerosos policías con máscaras anti gases, armas largas de guerra y rostros nada amistosos. Mientras una comisión de estudiantes encabezada por esa expresión humana de la inteligencia y el decoro que se llamó Amín Abel, entonces principal líder estudiantil universitario, era recibida por las autoridades en espera de la llegada a su oficina del presidente García Godoy, se materializó uno de los más bárbaros ametrallamientos, jamás conocido en nuestra historia sobre una multitud indefensa de estudiantes, muchos de ellos imberbes, que llevaban cuadernos y lápices en sus manos.

En la medida en que transcurrió el tiempo (más de dos horas bajo el sol calcinante) en espera de que la comisión de estudiantes descendiera las escalinatas del Palacio de Gobierno, una parte de los estudiantes se fue retirando del escenario. El ametrallamiento ocurrió cuando el dirigente estudiantil universitario, Romeo Llinás, enviado por sus compañero se aprestaba a dirigirse a la multitud, para informarle el curso de las gestiones realizadas para entrevistarse con el Presidente.

Sin que mediara ninguna provocación o agresión, los cañones de los fusiles policiales tronaron contra la multitud, arrojando el saldo de cuatro estudiantes muertos y más de 50 estudiantes heridos, algunos de ellos lesionados para siempre, y que, como en el caso de Brunilda Amaral y Tony Pérez, superaron todos los obstáculos hasta lograr ser útiles y productivos a la sociedad.

Aquel suceso estremeció la conciencia nacional y provocó una crisis política importante, así como una huelga general del país contra las atrocidades policiales, obligando al gobierno de García Godoy a destituir al entonces jefe de la Policía Nacional y ordenar una investigación de los hechos, que como todas las comisiones de investigación encubrió a los responsables y ocultó la verdad de los hechos.