ÁLBUM DE LA CORRUPCIÓN

“El Presidente Danilo Medina no tomó ninguna acción para revertir la distribución de los 180 apartamentos de la Torre El Progreso, entre grupos de allegados al presidente anterior, Leonel Fernández, y allegados a la Fundación Global. El hecho debió ser investigado y sancionado”, máxime cuando 27 de los beneficiarios ya poseían bienes inmuebles

Santo Domingo.- “Danilo Medina no va a hacer nada porque es parte de todo esto. Fue el ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Leonel Fernández, la máxima posición después del Presidente, el jefe de los ministros, y, como estratega, ubicó a los cuadros del Comité Político en puestos importantes para que se hicieran millonarios y financiaran así al partido, por eso tú ves que él sigue con los mismos ministros de Leonel, porque él fue el estratega de esta mafia”, fue la radiografía al Gobierno hecha por una fuente de Hora Cero de la cual nos reservamos el nombre.

Este jueves, el Movimiento Justicia Fiscal, en el marco de la Campaña Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad ‘Paren eso’, y en colaboración con la Red Nacional de Acción Juvenil, elaboró el primer álbum de los funcionarios del gobierno actual a los cuales el rumor público y las auditorías señalan como corruptos.

Este álbum viene a ser un recordatorio a Medina, quien el 26 de septiembre de 2011, al calor de la campaña electoral, advirtió que “al primero que el rumor público señale, le voy a pedir cuenta frente a sus compañeros, y cuando le pida cuentas, si no me satisface lo que me diga, simplemente lo cancelo. Todos van a saber que lo cancelé por eso”. Sin embargo, sólo un funcionario ha sido investigado, Elías Wessin Chávez, quien recientemente fue descargado con un ‘no ha lugar’, pese a que las auditorías de la Cámara de Cuentas comprometían su gestión al frente de Bienes Nacionales.

El objetivo de la Red Nacional de Acción Juvenil con publicar este documento es contribuir al cambio de la cultura política: “Los problemas de corrupción e impunidad tienen que ver directamente con la ley. En este documento presentamos pruebas de que el presidente no ha cumplido ni su palabra, ni la ley. Semana tras semana en programas periodísticos aparecen casos concretos de denuncias de corrupción pública, mientras la administración de Medina guarda un silencio que raya en lo cómplice y ensancha el nefasto camino de la impunidad. Deseamos transparencia. Queremos justicia. Y reclamamos una República Dominicana donde todos los hombres y mujeres sean iguales ante la ley”.

Los que el rumor no suelta son:

El primer funcionario enlistado por los jóvenes es el director de la Dirección Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, a quien lo acusan de omitir informaciones relevantes en su declaración jurada de bienes e informaciones familiares. Piden su destitución del cargo e investigación de la procedencia de sus bienes.

Le sigue el ministro de la Juventud, Jorge Félix Minaya. A éste se le acusa de haber celebrado un Premio Nacional de la Juventud a un costo de 20 millones de pesos, cuyo contrato con la empresa organizadora violó la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, además de irregularidades en los viajes al exterior. Encima de esto, el funcionario se niega a dar las informaciones que le piden atendiendo a la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que la Red de Acción Juvenil le interpuso una acción de amparo. Solicitan su destitución e investigación.

La tercera en la lista es la hermana del expresidente Leonel Fernández, Kirsis Fernández, directora del Conani. A ella se le ha acusado en diversos medios de favorecer a allegados con contratos para suministro de bienes y servicios, en especial a un amigo de su hijo, a quien le ha dado contratos por 738 millones de pesos. Todos esos contratos habrían sido firmados en franca violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. También solicitan su destitución e investigación.

A Kirsis Fernánez le sigue el sub jefe de la Policía, Víctor Campusano, acusado por el rumor público de uso de los fondos de caja chica del Plan de Retiro de la Policía Nacional. Por este caso, el exjefe de la Policía Nacional destituyó al coronel Francisco Colón Pérez, quien se desempeñaba como director Administrativo del Comité de Retiro de la Entidad. “Luego la Jefatura policial designó una comisión de oficiales para investigar la referida denuncia. A la fecha la ciudadanía no tiene información sobre los resultados de la referida investigación y no se produjo ninguna sanción penal en relación a este caso”. Solicitan investigación y sometimiento judicial.

Continúa en la lista el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Andrés Van Der Horts Álvarez, quien según una auditoría de la Cámara de Cuentas tomó fondos destinados para el proyecto MasPymes para costearse un seguro médico de 200 mil pesos, así como el manejo no transparente de 75 millones de pesos aportados por la Unión Europea, “cuyo programa de asignación no fue claramente definido por las autoridades”.

“Además, debido a las anomalías detectadas por los auditores, en febrero de 2013 las autoridades del Consejo Nacional de Competitividad, encabezadas por el director ejecutivo Andrés Van Der Horst Álvarez, se vieron obligadas a reembolsar RD$417 mil 847, recursos, que según refiere el informe contable, fueron utilizados para el alquiler de un helicóptero, pago de seguro médico, torneo de golf, así como servicios de celulares, festividades de la institución, entre otros gastos considerados innecesarios y ajenos a la naturaleza de la institución. Aún no se inicia una investigación, y el sujeto sigue en sus funciones”. Solicitan su destitución e investigación.

El grupo solicita la destitución inmediata del director de Inespre, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, quien “pasó de ganar RD$140 mil a RD$250 mil mensuales, además de los RD$37 mil 500 que recibe por gastos de representación. Para colmo, el aliado del partido oficialista en las pasadas elecciones presidenciales cobra cerca de RD$60 mil como general pensionado del Ministerio de las Fuerzas Armadas, en abierta violación a la Ley no 41-08 de Función Pública, que establece que el pago de pensión será suspendido cuando la persona regrese a desempeñar una tarea remunerada en el tren estatal.

Janet Fernández, hermana del expresidente Fernández también está en el álbum. Es funcionaria de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), donde cobra 130 mil pesos, pero el mismo tiempo es suplidora del Estado a través de la empresa Vrillantex, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Solicitan destitución e investigación.

Pedro Corporán, director del Idecoop, no se queda fuera, de acuerdo a reportajes de investigación publicados en medios de comunicación, “cinco familiares del director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Pedro Corporán, aparecen como funcionarios de la institución. De este grupo tres ocupan puestos directivos. Además aparece un desembolso de RD$467,727.64 para comprar mercancías navideñas, sin presentar evidencia de facturas”. Recomiendan su cancelación.

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, también está encartado, se le acusa de nepotismo y uso no transparente de los recursos públicos a su disposición.”El consultor jurídico de la entidad, Ángeles Custodio Sosa Morales, es cuñado del director y gana RD$54,050. Patria María Muñoz Rodríguez, quien aparece como supervisora con un salario de RD$10,000, es hermana de Fernández Rodríguez. Cuatro de los empleados que trabajan en la finca del director del INDRHI, están registrados en la nómina con sueldos que van desde los RD$15,000 hasta los $50,000 mensuales. Hay otras tantas irregularidades”.  La Red pide sea investigado.

Del ministro de Obras Públicas y hombre de confianza de Danilo Medina, Gonzalo Castillo, se dice que aumentó 225 mil pesos a su salario. “Contrario a la orden de austeridad emitida por el presidente Danilo Medina, el funcionario se incrementó su sueldo base de RD$75 mil a RD$300 mil. Además defendió el nombramiento de su hermano, el teniente coronel Ricardo Castillo, como Jefe de la Comisión Militar de Obras Públicas, alegando que no es nepotismo y que la designación la hizo el Ministro de las Fuerzas Armadas. Otro caso de uso del Estado como finca familiar“.

Durante el conflicto entre el Gobierno y la Barrick Gold por los beneficios del contrato, salió a relucir que el ministro Castillo, a través de su empresa Helidosa, le ofrecía servicios a la minera internacional, violentando la Ley de Función Pública. El funcionario alegó haber renunciado al consejo de dirección de la empresa al asumir la función pública.

En su caso se solicita investigación y toma de medidas administrativas.