ALICIA ORTEGA VS RESIDENCIAL EL PROGRESO

Aunque uno de los requisitos fundamentales para adquirir una residencia del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)  es no tener  ninguna propiedad, al menos 27 de los dueños de los  apartamentos del Residencial El Progreso de la avenida Luperón ya poseían un inmueble.

Así lo estableció el programa El Informe, de Alicia Ortega, que investigó a 150 de los adquirientes.

“Mientras esté vigente su propio reglamento debe cumplirlo y no puede establecer ningún tipo de excepción”, dijo el jurista Olivo Rodríguez Huertas, experto en derecho administrativo, al ser entrevistado por Ortega.

 Los casos.  Uno de los casos más destacados es el de Sagie Altagracia Roedán Mateo, funcionaria de la anterior gestión del Despacho de la Primera Dama, quien  ya había sido  beneficiada con un apartamento en el Residencial José Contreras, de  Bienes Nacionales.

Otro caso interesante es el de Ana Rita Espejo, funcionaria de la Superintendencia de Bancos y viuda del dirigente peledeísta Quilvio Cabrera, quien tiene dos propiedades más: una valorada en RD$1,350,000 y otra en RD$2,908,415.16

Juan Manuel Puig Hernández, actual subjefe de la Fuerza Aérea y subjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares en el pasado gobierno, también posee un apartamento ubicado en Bella Vista, de RD$5,700,000.

 A la lista se suma Ligia Josefina Cardona Melo, hija de la ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo. Cardona Melo posee otro apartamento valorado en RD$6,254,960.

Otros que también tenían otro inmueble son el coronel piloto del Ejército e hijo de la consultora jurídica del Invi, Oscar Leonel Ares Gómez; el general de Brigada Rafael Díaz Gómez; el miembro de la Cámara de Cuentas, exdiputado y exgobernador de La Vega, Alfredo Antonio Cruz Polanco; y  el encargado de la Unidad de Ejecución de Proyectos Especiales del INVI, Alan Abdel Emilio Genao Aude. Lo mismo sucede con tres de los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia: Juan Hiroito Reyes Cruz, quien  tiene dos residencias más: un apartamento de  RD$1,135,442 y una vivienda de  RD$167,000.00.

Los otros  jueces de la Suprema son    Francisco Antonio Jerez Mena, con  otro inmueble  valorado en RD$244,036.80; y  José Alberto Cruceta Almánzar, quien posee 2  inmuebles en Moca de RD$1,896,023.00 y RD$98,059.00.

Por otro lado, está Mercedes Peralta Cuevas, jueza del Tribunal de Tierras de San Cristóbal; y Andrea Milady  Rivas Fernández. 

Más casos.  En iguales circunstancias están el miembro de la Juventud perredeísta y empleado del Tribunal Constitucional, Amín Rafael Vásquez Castillo; el expresidente del Colegio de Abogados, Diego José Arquímedes García Ovalles;  el director del Departamento de seguridad del Banco Central, Eufemio Nicolás Peña Mancebo; el director del  Robert Reid Cabral, Emilio Mena Castro; y el viceministro de Deportes Marcos Aurelio Díaz Domínguez.

Además tenían otra vivienda,  antes de la del INVI, Ángel Guillermo Arsenio Tejada Tió, Anulfo Pina Pérez, Carmen Reneida Reyes Vargas, David Antonio Montero García,  Domingo González Artiles,  José Gabriel Fernández Gómez, Josefina Bernardina de la M. Reynoso Chicón, Juan César Augusto Meléndez Espinal, Manuel Emilio Galván Luciano,  Mercedes Josefina del C. Guillén Marcelino, Milcia Rosa Mejía Puello y la doctora Milagros Inocencia Luna M. de Romero.

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Una verificación...

En una de las comunicaciones enviadas a  El Informe, el INVI aseguró que una vez comprobado que los postulantes no poseían una vivienda propia, serían remitidos al Banco de Reservas para la debida calificación y posterior financiamiento. La depuración no fue rigurosa: al menos 27 personas son dueñas de otras viviendas. La lista fue verificada con los registros de la Dirección General de Impuestos Internos.