ALVAREZ RENTA VS DOMINGUEZ BRITO

Luis Álvarez Renta, condenado a diez años por complicidad en la quiebra fraudulenta de Baninter, intenta matar dos pájaros de un tiro con la carta que enviara recientemente al procurador general Francisco Domínguez Brito: enrostrar a este la contradicción ética implícita en su aceptación de la libertad de Ramón Báez Figueroa, y denunciar a las autoridades del Banco Central como verdaderas depredadoras de los bienes de la liquidada entidad bancaria.

Fechada el 20 de agosto, la carta fue difundida casi a la medianoche del jueves a través del correo electrónico. Son tres páginas de apretado texto y diez de documentos anexados con los cuales se esfuerza en dar cuerpo a sus alegatos.

Pero su crítica a Domínguez Brito, irónica y mordaz, no es sin embargo el objetivo principal del condenado, quien de manera machacona releva sus “principios” como razón fundamental para no aceptar la supuesta proposición del funcionario de “llegar a un acuerdo” con el Banco Central como condición para obtener la prisión domiciliaria, en lograr la cual ha venido insistiendo desde hace casi dos años.

Contra el Banco Central

Los dardos de Álvarez Renta quieren dar en la diana del Banco Central. Y para eso reta a las autoridades de la entidad, “formal y públicamente” a publicitar  el acuerdo gracias al cual Báez Figueroa recibió la libertad condicional.

El objetivo sería, dice, “que la opinión pública pueda conocer una de las principales razones de su existencia: garantizar al Banco Central y a sus actuales funcionarios directivos su propia impunidad por su responsabilidad en la debacle de Baninter y de la crisis bancaria del 2003”.

Recalca que la publicidad del acuerdo entre las autoridades monetarias y el exbanquero es de interés público porque revelaría las razones que indujeron a este último a desistir, de manera explícita e implícita, de “todos los litigios, incluyendo cualquier querella o demanda contra esos funcionarios del Banco Central y compartes, tanto personal como institucional, así como de solicitar cualquier auditoría de la comisión en sus manejos de los bienes de la liquidación de Baninter”.

El objetivo sería, dice, “que la opinión pública pueda conocer una de las principales razones de su existencia: garantizar al Banco Central y a sus actuales funcionarios directivos su propia impunidad por su responsabilidad en la debacle de Baninter y de la crisis bancaria del 2003”.

Y a seguidas especula que verdadero motivo subyacente de los términos del acuerdo es ocultar“el saqueo continuo que se ha hecho de esos bienes del Baninter durante la liquidación, y evitar la posible responsabilidad en esos delitos”.

A esta necesidad de ocultación del despojo, atribuye Álvarez Renta que desde 2006 el Banco Central haya gastado anualmente 300 millones de pesos en publicidad y medios, “un millón de pesos por cada día laborable”, mientras se presenta como paladín de la persecución de los responsables del caso Baninter.

¿Quiénes son estos funcionarios? Según Álvarez Renta son aquellos que desde 1993 y hasta que explotó la crisis “aprobaron alegremente todas las transacciones y operaciones del Baninter, los que luego recibieron dinero de las cuentas ocultas de Baninter (…) los que se pensionaron dos veces, en el 2000 y hace un año en un solo día, el 15 de septiembre de 2012, siguieron saqueando las arcas públicas con 600 millones de pesos en liquidaciones para protegerse y guardar también el silencio de los demás funcionarios cómplices de la Comisión de Liquidación, mientras durante cuatro años se justificaban frente a la nación vendiendo la imagen de una fabulosa ‘economía blindada’…”.

Contra Domínguez Brito

La carta de Álvarez Renta comienza con la revelación de la supuesta propuesta de acuerdo que le hiciera el procurador. Trato inaceptable, dice, porque implicaría reconocer lo que siempre ha negado: su responsabilidad en la debacle de Baninter.

 “Es una posición de principios, o de conciencia, que he tratado de mantener a todo lo largo del más difícil tramo de mi vida”, afirma el condenado a purgar su pena en la cárcel de Najayo.

En tono solapadamente irónico agrega, además, que aceptar el arreglo con las autoridades monetarias pondría a Domínguez Brito “en una delicada situación”, porque evidenciaría la falta de coherencia de su apego a la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Destaca poco después, como dato añadido, que la sentencia condenatoria excluye al Banco Central y compartes de ser actores civiles contra él, porque fue establecido que no tiene deudas con el Banco Central, contrario a Báez Figueroa, condenado a pagar 44,000 millones de pesos a esta entidad.

“Donde existe una sentencia de deuda en contra del suscrito, a favor de la Comisión, es en los Estados Unidos y solo porque el Banco Central se guardó las pruebas, los documentos de Baninter, que demostraban mi inocencia, y no los pude presentar en ese juicio porque el juez me negó la jurisdicción para requerir esos documentos”, plantea el reo.

Reiterando machaconamente el valladar que levantan sus “principios morales” frente a cualquier arreglo que implique admitir su culpabilidad en la quiebra fraudulenta de Baninter, Álvarez Renta advierte a Domínguez Brito que podría haber caído en la trampa que le tendieran al apoyar “a los verdaderos beneficiarios de la impunidad del caso Baninter”. Y le recuerda, como si fuera poco, que todo acuerdo secreto es contrario a los principios de transparencia sobre la función pública establecidos en el artículo 138 de la Constitución