La nómina de más de 1,500 diplomáticos dominicanos de los cuales tan solo un 25% son aceptados y reconocidos por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, constituye una vergüenza nacional que nos desprestigia ante el mundo.
En Naciones Unidas, por ejemplo, contamos con 77 diplomáticos cuando Costa Rica tan solo ha asignado 10. ¿Qué país va a votar a favor del nuestro para que logremos un asiento en el Consejo de Seguridad de ese organismo con una nómina tan hipertrofiada? Además, desestimula que dominicanos opten por la carrera diplomática, pues ese servicio está plagado de botellas. El costo del servicio suma US$32 millones al año, lo que perjudica al presupuesto y a nuestra balanza de pagos.
El objetivo del servicio diplomático dominicano ha sido distorsionado. Su nueva misión es recaudar fondos entre la diáspora para las campañas electorales, donar parte del sueldo al partido y transferir a éste también una proporción de los beneficios de los consulados. Otro nuevo objetivo es lograr que la diáspora vote a favor del partido en el poder. Por cierto, en las elecciones del año pasado el PLD fracasó en ese objetivo, ya que aumentaron los votos perredeístas.
Hay que admitir que durante el gobierno de Joaquín Balaguer, quien fue diplomático durante una docena de años, el costo y cuantía de nuestro servicio exterior y consular era apropiado para un país con nuestra población y tamaño, aunque los consulados en Nueva York y Puerto Príncipe, como ahora, fueron y son lugares donde hacer fortuna.
¿Por qué el presidente Danilo Medina no ha reducido la nómica diplomática? No es para beneficiar a los reformistas pues estos, según encuestas recientes, ahora tan solo representan un 2% del voto presidencial, y en el Banco Nacional de la Vivienda ese partido se nutre de más mieles.
¿Por qué no eliminar a los que cobran en dólares pero viven en el país? Más de un “cónsul” no reconocido por el Departamento de Estado y que ha firmado papeles como tal y que han terminado como pruebas ante un tribunal norteamericano ha sido llevado a la justicia por impostor.
Así como la sociedad civil logró imponer el 4% para la educación, debiera ahora exigir un tope de no más de 1,000 personas en nuestro servicio diplomático y consular y que el ahorro que eso genere se dedique exclusivamente a mejorar los servicios en nuestros hospitales públicos.
FUENTE:lalupasintraba.
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