Este es un lugar en cual los hombres y mujeres de orientación política, podrán conocer mi sentido de lucha por una patria mejor y un porvenir más promisorio para nuestros Niños. Como político, hice lo que quizás pocos han hecho para su patria y su partido. Fui el hombre que 1978, desde el centro de información de la 30 marzo, intercepto todas las llamas del Palacio de Gobierno donde estaba Balaguer, y termino con darle el primer golpe de estado telefónico en América Latina. Sacando a
Con el solo hecho de que ayer el Gobierno del PLD en documento público publicado en varios diarios de circulación nacional, admitió la probabilidad de que los hijos de extranjeros indocumentados puedan recibir la nacionalización dominicana siempre y cuando se sujeten a determinadas pautas burocráticas, la misma administración del presidente Danilo Medina Sánchez está reconociendo implícitamente la existencia de esos ciudadanos y ha partir de esa realidad, se evidencia, que con su corrosivo interés de no querer dar su brazo a torcer en materia de ese apoyo enfermizo a la monstruosa sentencia TC-0168-13, se muestra como el origen abusivo de la política racista y de apartheid que desde el Constitucional se ha pautado y como corolario a las inconstitucionales prácticas de desnacionalización que desde hace un tiempo lleva a efecto la Junta Central Electoral (JCE) y que ejecuta la Dirección General de Migración.
En este sentido, es la misma autoridad pública nacional la que se desnuda a ojos del mundo con la perversa intención de fomentar un mecanismo abusivo de desnacionalización expresa de miles de dominicanos de origen haitiano fundamentalmente y lo que deberá de obligar a las fuerzas vivas nacionales a plantear ante cortes internacionales una condena unánime hacia semejante política punitiva de desnacionalización de ciudadanos de su propio país y en recuerdo espantoso de aquellas persecuciones nazistas en contra de la población judía en Alemania y lo que es absolutamente intolerable como inaceptable.
Y es que caer de pronto como nación y país ante el escrutinio internacional y solo porque el Gobierno del PLD quiera llevarse de encuentro, tratados, resoluciones y sentencias internacionales de preservación de los derechos humanos y en particular en esta parte del planeta, indica claramente que el Gobierno del PLD no está en eso de aceptar convivir decentemente con sus propios ciudadanos y mucho menos tener un sentido del honor y la decencia en materia de sus relaciones con el resto de las naciones.
Es como si de pronto la autoridad pública nacional hubiese sopesado los riesgos de su decisión tan arbitraria y rastrera y no le importara, con el manido pretexto de defender una soberanía que no se corresponde a la expresión exacta de su origen y solo con fines de desnacionalizar a una parte de la población de su propio país y únicamente por el propósito tan atrevido y mezquino de querer disminuir y que es lo que se entiende, a una parte de la ciudadanía con miras de que el padrón electoral sea recortado en no menos 300 mil electores y para que por esa vía, el oficialismo garantizarse una nueva reelección que le permita indefinidamente el control del poder hasta más allá del 2020 y si es posible, con la mira en perpetuarse hasta el 2040 o si fuera factible, de también corrido hacia el 2044.
Realmente, es inconcebible la terquedad e insistencia de las autoridades nacionales en colocarse contrarias a la razón y al derecho, al sentido común y a los principios básicos del respeto debido a los derechos humanos y que de persistir, seguro que a la República Dominicana le conllevará un paquete de sanciones internacionales que podrían ir desde el retiro de todo el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno del PLD así como duras sanciones económicas que crearían un país paria y visto prácticamente como enemigo de la humanidad.
La ligereza y atrevimiento que exhiben las autoridades en su documento de ayer, tan contradictorio y chocante en sí mismo, sobre una propuesta de Plan de Regularización de Extranjeros Residentes Irregulares, que realmente este haya que entenderlo como una verdadera trampa para que entonces en el territorio nacional emerjan dos tipos de dominicanos: El presumiblemente legal y legitimo y el otro totalmente proscrito, lo que nos dice, que el Gobierno del PLD realmente conspira en contra de la viabilidad de nuestra nación y la continuidad de vida de su pueblo y ni que decir en contra de los fundamentos de su propia Carta Magna y ha partir de ahí, se presenta como un régimen que peligrosamente estaría convirtiéndose en uno a constitucional de futuro incierto y al que habría que enfrentar y hasta que sea sometido a las reglas más elementales de lo que tiene que ser un estado de derecho y casi en los mismos términos absurdos y radicales de cómo está actuando el gobierno de Haití, quien de metiche ha presentado el tema, tal como si fuera un caso que tenga que ver con haitianos ilegales en nuestro territorio, cuando de lo que se trata, es de una fuerte disparidad interna de criterios respecto a quien es o nó dominicano, pues con lo de la regularización del extranjero ilegal se aumenta el número de extranjeros con residencia dominicana legal.
Sin embargo y por lo que la propaganda oficial muestra, es indudable que las autoridades pretenden amurallarse en esa ola de facciosos y sectarios ultranacionalistas que claman por la "muerte a los traidores" y ha los que poco les falta para salir con violencia a las calles y pretender hacerse justicia por sus propias manos, vejando o asesinando a "haitianos ilegales". Y en un ámbito tan surrealista y trastornador, que a corto espacio, será evidente que a la República le sobrevendría un tiempo terrible de lucha fratricida y asesinatos públicos cometidos por bandas armadas, lapidando, agrediendo y matando a ciudadanos inocentes por medio de linchamientos constantes y casi diabólicos.
Y si ese es el panorama siniestro que el Poder Ejecutivo pretende, por obligación los ciudadanos sensatos tendremos que oponernos a tanta maldad y sevicia y mucho más, cuando en esta ocasión y con gran diferencia de lo que ocurrió en el 1937, en donde el poder desbordado del Estado impuso una persecución anti haitiana que fuera grandemente atenuada por la población y familias de entonces, quienes valientemente protegieron a más de 20 mil haitianos sin documentación legal a los que ayudaron a que pudieran retornar a su país. En esta ocasión e increíblemente, es una parte de fanáticos dominicanos ultranacionalistas quienes se prestan a la iniquidad y genocidio en ciernes, que de ocurrir a gran escala solo podría ser detenido por una fuerte presencia militar internacional.
El Gobierno del PLD se ha ido pues demasiado lejos en su afán por desnacionalizar a miles de dominicanos de origen haitiano y por lo que viendo como están las cosas y el horroroso clima de persecución ciudadana que de pronto está presentándose y con el apoyo cierto en unos casos y pasivo en otros de los mismos medios de comunicación y de información de masas dominicanos, está llevando a la República hacia un verdadero y criminal callejón sin salida de profundo y lacerante odio social y el que desde ya hay que parar e impedir que continúe propagándose.
Con razón en el día de ayer los países que conforman la comunidad del Caribe (Caricom) suspendieron "de manera oficial la evaluación del examen de solicitud de República Dominicana para ser miembro de ese organismo, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana. La decisión fue adoptada este martes durante una reunión en Trinidad y Tobago, en la que el Caricom condenó el fallo "aberrante y discriminatorio" del TC, y que según el bloque de quince países "excluye de forma retroactiva a decenas de miles de dominicanos, en su mayoría de ascendencia haitiana, de la ciudadanía, dejándolos sin estado y sin recurso de apelación".
De ahí que insistamos en lo sensato. Que las autoridades paren en seco el genocidio social con espíritu de linchamiento general que pretenden y por la simple razón y de mucho carácter humano, de por qué obviar la reforma de Bosch de 1963, cuando allí está la respuesta a cualquier intento de desnacionalización por parte del Gobierno del PLD. ¿Es que el Gobierno del PLD ha quedado tan entrampado financieramente debido a que no ha sido capaz de imponerle sanciones a los autores peledeístas de la administración anterior y por los fraudes y déficits fiscales mega millonarios del gobierno central y consolidado del Estado ya efectuados, que ahora, al ver que no valen reformas tributarias de ninguna especie y que la República va de mal en peor y las autoridades necesitan de a quien tirarle las culpas y a lo que no se atreven y peor, para distraer a una atrapada opinión pública que a estas alturas ya se está radicalizando y crispando en uno o en otro sentido, que el Gobierno del PLD se ha decidido por presentar la terrible política de odio social que es tan evidente que ya cobra cuerpo?
Incluso y para mayor confusión, en el documento publicado ayer, el Gobierno del PLD comete la ligereza de renunciar a sus propias atribuciones al frente de una nación soberana, pretendiendo ceder su derecho a la deportación de todo extranjero indeseable, al plantear en el articulo 38 del Plan de Regulación de Extranjeros, que aceptaría por 18 meses que no se deportara a ningún nacional haitiano hacia el país transfronterizo, con lo que automáticamente se entendería como un toque de aprobación para que miles de haitianos residentes en su patria trataran de entrar irregularmente al territorio nacional.
Las interpretaciones han sido tantas después de emitida la sentencia TC-0168-13, que ahora resulta, que una desagradable situación acontecida en provincias, de un ciudadano haitiano linchado por manos dominicanas, dolidas porque dos haitianos mataron a dos ancianos dominicanos, quiere ser aprovechada por la cancillería del país transfronterizo para incitar una supuesta "investigación que determine el por qué de este crimen", cuando la realidad indica que el lamentable hecho solo tiene que ver con las pasiones desbordadas y no por una pretensión de hacer daño y por la sola maldad de hacerlo, más lo decisivo, que evidentemente el gobierno fantoche haitiano y por los apoyos recibidos internacionalmente, realmente se ha creído que puede dictarle pautas a esta nación o lo otro de ilusamente pretender dictarle lecciones de buen gobierno y siempre haciendo creer que los dominicanos somos los perseguidores y los "pobres haitianos" las victimas permanentes.
De este modo, la actitud del gobierno del PLD ha acrecentado los odios y divisiones entre los dominicanos y ni se diga entre dominicanos y haitianos y lo que ciertamente no presagia nada bueno para la gobernabilidad y la paz social. En primer lugar, porque intereses haitianos están manipulando la situación pretendiendo afectar los derechos soberanos dominicanos y lo que por lo visto ha dejado traslucir el documento de ayer del Gobierno del PLD y en segundo lugar, porque Haití y sus aliados en el Caribe Oriental quisieran, no una acusación temeraria en contra del Gobierno que representa a toda la República, sino que de hecho procuran una condena internacional que afecte a toda la nación dominicana y lo que es absolutamente inaceptable y mucho más, cuando todo puede resolverse con la aplicación de la reforma constitucional de 1963, que determinó que los extranjeros con más de sesenta días continuos en el país se les entiende residentes legales con derecho a sus documentos de ley.
Por eso insistimos, en cuanto a que el Gobierno del PLD debe de exigirle al Tribunal Constitucional que enmiende su infame sentencia TC-0168-13, recogiendo los dos errores materiales que la misma encierra y que revelara uno de los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) Eddie Olivares y que entendiendo como válida y vigente la reforma constitucional de 1963, suspenda las persecuciones y acosos desatados contra la misma nación dominicana, al propugnar por esa suicida política nazista de pretender desnacionalizar a todos los dominicanos nacidos desde el 1920 a la fecha y en particular a los dominicanos de origen haitiano y con el abusivo pretexto de regularizar a la población flotante ilegal extranjera.
Igualmente, reclamamos a los dominicanos que no se han dejado atrapar por la perniciosa y anti dominicana campaña de desnacionalización oficial, a que la enfrenten, pues de no hacerlo, será una terrible cortina de hierro de incomprensiones, odios y sangre inocente derramada que nos acorralará y nos haría parias en nuestro propio país, aparte de que por los odios y retaliaciones súbitas que se están despertando, poco falta para que entre las dos naciones se desate una conflagración y los dos pueblos terminen ahogados en sus propias sangres.
El fundador del PLD, el ex presidente Juan Bosch, cuando retornó al país para principios del 1962, lo primero que hizo fue dividir a aquellos dominicanos entre tutumpotes (ricos) enfrentados a los "hijos de Machepa" (pobres). Por lo visto, sus discípulos, a 51 años de aquella primera barbaridad, ahora insisten en otra. En imponer otra política de odio social y para dividir al país, entre "patriotas" (los que abogan por el racismo y el apartheid contra ciudadanos dominicanos de origen haitiano) y los "enemigos de la patria" (todos quienes nos oponemos a los efectos terribles de absoluto odio social que el Gobierno del PLD y con una mala fé y malas entrañas que no tiene parangón, quiere arrastrar a la República) dividir a los dominicanos absolutamente y hasta llevarnos hacia una situación tal de ingobernabilidad absoluta, que les permitiera imponer la dictadura del partido único así como la continuidad gubernativa sin elecciones y bajo una montaña de cadáveres y de gran ilegalidad. Pero, ¿será que la gente está loca que no se da cuenta de la trama criminal nazista a la que se le está llevando?
OJO: ¿Primer año?: Posicionamiento de imagen como Gobierno. ¿Segundo año?: Neutralizar o destruir todo cuanto signifiquen medios de comunicación y de información de masas independientes, tradicionales o en internet y aplastamiento de las redes sociales. ¿Tercer año?: Unidad peledeísta y ¿Cuarto año de Gobierno?: Concreción de un nuevo triunfo electoral fraudulento y aplastamiento absoluto de la disidencia mediante la conversión del PLD como arma de destrucción masiva de fascismo fuera de toda medida y proporción. Esta es la agenda oficial y quien no lo crea, que analice y compare y confronte.
OTRO PUNTO: "La invasión territorial haitiana es organizada y programada para reemplazar a la población dominicana. República Dominicana no tiene la capacidad para asimilarlos a todos. El resultado será un conflicto racial sin precedentes cuando los dominicanos vean su realidad". Marine Le Pen. Presidenta del Partido Nacionalista Francés. Ante semejante anuncio premonitorio efectuado por un personaje de la Francia que expulsa sumariamente de su territorio a sus nacionales de origen romaní o gitano y porque no los quiere, debe obligar a todos los dominicanos a revisarnos en nuestras posturas respectivas y definitivamente encarar la situación con Haití en estos únicos términos: O ellos o nosotros.
ARTICULO 76 del Código Penal: "Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el Gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquier institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de reclusión mayor. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuaciones mencionadas, aunque ello se realice desde territorio extranjero", precisa el artículo 76 del Código Penal (modificado por las leyes 64 del 19 de noviembre de 1924 Gaceta Oficial (G.O.) 3596; 1384 del 13 de marzo de 1947 G.O. 6605; 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999).
AL DESCUBRIR que desde hace más de un año dentro del Gobierno del PLD se están dando viciadas prácticas de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal en base a la imposición de contratos de licitaciones de obras en función de una tarifa arbitraria impuesta por altos cargos de las carteras de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado, por medio de los cuales, resulta que los notarios públicos actuantes son presionados a que se constituyan en oficiales públicos actuando ilegalmente al tener que aceptar "honorarios" que no se corresponden a lo que la Ley del Notariado autoriza y como la vía que tienen determinados funcionarios de esas dependencias para apropiarse de dineros que no son suyos, nuestro editor y redactor jefe se ha convertido en víctima de los consultores jurídicos de las dependencias oficiales señaladas, quienes se han decidido por negarle acceso a ningún tipo de contrato legalizado, al tiempo que ahora todos los notarios públicos que han experimentado semejante agresión se encuentran enfrentados ante la DGII, que les reclama el pago de impuestos por la "totalidad de lo percibido" y nó por lo realmente cobrado y hasta exponiéndose a ser demandados y eventualmente sus bienes confiscados en reparación de daños. Hay que llamar la atención del Poder Ejecutivo, pues a resultas de semejante práctica tan inmoral, al Poder Ejecutivo, parte de sus propios ministros de Estado le están actuando fraudulentamente y al grado, de que desde hace un año y solo por este concepto, los notarios públicos han sido despojados de honorarios por legalizaciones de contratos de obras oficiales, por más de dos mil millones de pesos dentro del conjunto de obras públicas a licitar por más de 25 mil millones de pesos. El notario público con carné 4790, por ejemplo, dispone en sus protocolos de las pruebas de hecho, de los abusos que contra su ejercicio profesional han sido cometidos y de los que no hay manera de no señalar a los consultores jurídicos de Obras Públicas y la Oficina Supervisora y quienes como asunto curioso, son socios de bufete y abogados particulares de los dos incumbentes. Es por esto que el Colegio de Notarios está luchando tenazmente por que en el Congreso Nacional sea aprobada la nueva Ley del Notariado, que será el instrumento idóneo que evitará que a los notarios públicos en ejercicio, en Obras Públicas como en la Oficina de Supervisora, con sus prácticas ilícitas de despojo de sus honorarios, les quieren convertir en delincuentes. Presidente Danilo Medina Sánchez, por favor, préstele atención a este asunto, que también se corresponde al pedido aquel que hace unos meses le hiciera personalmente el presidente del Colegio de Notarios, doctor Rodolfo Perez Mota, en un intercambio de saludos que tuvieron en Palacio y de hacerlo, los dineros que asigne para todo tipo de obras públicas, no serán asaltados por parte de algunos de sus funcionarios de primera línea; los notarios recibirán sus honorarios de ley y podrán entonces pagar los impuestos que realmente les correspondan, porque ahora mismo y por la sucia mala práctica, son cientos de millones de pesos que Impuestos Internos está reclamando en pagos de impuestos y por dineros que los notarios públicos nunca recibieron como honorarios por contratas de licitaciones de obras a los que fueron convocados y los que sí fueron apropiados en más de un 90 % por los funcionarios actuantes. La denuncia responsable, en modo alguno debe verse como especie de ataque personal, sino como una denuncia valiente y con fundamento, que revela las honduras de la alcantarilla por donde se lanzan millones de pesos de los contribuyentes, a espaldas del Poder Ejecutivo y obtenidos fraudulentamente por determinados funcionarios y asistentes.
LAS últimas expresiones del Papa Francisco: "No a la economía de la exclusión. "Así como el mandamiento de 'no matar' pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir 'no a una economía de la exclusión y la inequidad'. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la Bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. (...) Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. (...) Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz". Palabras emitidas en su primer gran documento, la exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio) que se hiciera publica en el día de ayer.
Un mensaje a políticos y financieros. El Papa Jorge María Bergoglio traza su hoja de ruta en el primer gran documento de su pontificado: acabar con la desigualdad y reformar las estructuras de la Iglesia. "Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados (...). Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas (...). La ética—–una ética no ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: 'No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos".
POR DANIEL ADRIANO GOMEZ
Email: desdedominicana@gmail.com
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Noviembre 27, 2013
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