COMPRANDO LA IMPUNIDAD

Cuando Hipólito Mejía y su equipo económico denunciaban el irresponsable y doloso dispendio de fondos públicos que realizaba Leonel Fernández,  mucha gente pensaba que se trataba de un argumento de campaña para desacreditar el gobierno.

Se denunció una y otra vez  que Leonel repetía la política del  2000 cuando dejó las arcas públicas vacías y el Presidente Hipólito Mejía hubo de solicitar un crédito al Banco de Reservas para pagar los empleados públicos.

En agosto del 2000 se le debía a contratistas, y a contratados de última hora, más de 25 mil millones de pesos, que debía pagar el gobierno del PRD y, además, invertir miles de millones de pesos en terminar obras improductivas e innecesarias, iniciadas para cobrar el 10 por ciento del dinero que se entrega como avance para comenzar las obras. Sincerar el precio del petróleo y sus derivados fue otra canana que dejó Leonel.

Si se toman en cuenta que el gobierno creó un desequilibrio presupuestas en las finanzas al gastar 125 ó 140 mil millones por encima de los ingresos del 2012. En cualquier país que se respete tanto el mandatario como sus colaboradores tendrían que responder ante los tribunales por violaciones a la Constitución de la República.

En la parte final del artículo 233, la Constitución habla de la elaboración del presupuesto y dice que el mismo debe ser “realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado”.

El gobierno sólo puede cuadrar sus cuentas con un préstamo del Fondo Monetario, por eso no presentará el proyecto de presupuesto y violará la Constitución que ordena que tal propuesta se presente a más tardar el primero de octubre y el FMI dice que hablarán en enero.

Para permanecer en el poder  hicieron lo que sabemos y muchas cosas más, necesitaban comprar la continuación de la  impunidad y crearon un sobregiro histórico de las cuentas del gobierno. Lo peor es que nos robaron las elecciones y ahora nos quieren hacer pagar los platos rotos.

Esa impunidad se compró con el Estatuto del Ministerio Público, que continuará la permisividad y el asalto político de  los tribunales superiores que miran hacia el otro lado, para no enterarse de la corrupción y el pillaje.

Ya lo decía el Libertador Simón Bolívar: “los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen en las sociedades. ¡Sólo hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres probos, constituyen las Repúblicas!”.

Y debéis convenir conmigo en que los administradores de las leyes, los que deben imponer la justicia, son ciudadanos bien agradecidos que entregaron sus cabezas a  quien los designó.