DEMOCRACIA, DICTADURA Y CONSTITUCIÓN

Por WILFREDO LOZANO

La democracia descansa en la pluralidad, la tolerancia y el reconocimiento de la diferencia, no sólo en el poder de la representación mayoritaria. Por eso el ejercicio de la representación no es el de una mayoría que se impone, sino el de una pluralidad que acuerda gobernarse reconociendo la diferencia. En esta perspectiva, el principio de la representación no puede sostenerse simplemente en la regla de la mayoría, sino también en el entendimiento de que todos se encuentran representados en el Estado. De ahí que las instancias de gobierno expresan ciertamente la voluntad de representación de la mayoría triunfadora, pero sobre todo a la comunidad política toda, lo que implica respetar la presencia y el rol de las minorías.

De aquí la necesidad de la alternabilidad en el poder en toda democracia efectiva, la que no sólo se orienta por la necesidad de consultar periódicamente al pueblo en materia de representación, sino de reconocerle el derecho a modificar el consenso que el ejercicio del poder requiere a través de sus representantes. Quien ayer fue minoría hoy puede constituir mayoría es la regla de oro. De ahí que mayorías y minorías deben asumir y respetar la pluralidad. De ahí la importancia de mantener en el Estado un equilibrio de fuerzas que impida el monopolio del poder a una de las fuerzas políticas que en él se encuentran representados. Los mecanismos de contrapoderes aseguran que este principio se cumpla, exigiendo no sólo transparencia en la gestión de gobierno, sino también cumplimiento de compromisos y acuerdos, sobre todo asegurando la alternabilidad en el poder. En la Constitución debe plasmarse todo esto, pues la misma es su expresión como pacto fundacional de la República.

Resumiendo: el principio que ordena la democracia constitucional es, pues, un principio de construcción legítimo de mayorías gobernantes, que establece un acuerdo que ordena el ejercicio del poder en base a consensos,  donde mayorías y minorías tienen un lugar establecido que se reconoce y afirma. El espacio de ese acuerdo se llama Constitución y define las bases y límites del poder.

La dictadura obra en sentido contrario. Identifica las bases del poder con un individuo, grupo o corporación, a través de mecanismos arbitrarios que se imponen sobre la ley, violenta la idea de la representación de mayorías y minorías en el Estado como expresión legítima del pueblo. Sustituye así dicha representación soberana del pueblo por el dominio arbitrario de un líder o grupo dominante, que termina reemplazando los mecanismos que en el Estado democrático moderno aseguran la pluralidad y la representación democrática. Por eso la dictadura es arbitraria, tiende al corporativismo elitista, y niega toda  posibilidad de alternabilidad en el poder. No sólo la dictadura es autoritaria, sino que en su dinámica puede conducir a un ejercicio tiránico del poder.

La Constitución es un pacto que supone la pluralidad de fuerzas políticas, pero sobre todo debe asumirse como la expresión de la fuerza del pueblo, expresado como constituyente en los miembros de la asamblea que lo representa, como cuerpo plural de grupos y fuerzas que deciden precisamente pactar un gran acuerdo que ordene a la comunidad política de ciudadanos.

Todo el esfuerzo del pueblo dominicano, desde el ajusticiamiento del tirano Trujillo a nuestros días, ha sido el esfuerzo por construir la democracia política con justicia social. Este esfuerzo ha encontrado históricamente obstáculos formidables en la realización de esta tarea, y estos no son otros que los de actores políticos autoritarios, a través del fortalecimiento de gobiernos corruptos como el triunvirato, de gobiernos títeres como los que fueron armados por las fuerzas ocupacionistas extranjeras en 1965, de gobiernos desarrollistas e igualmente autoritarios, que no creían en el ideal democrático, como el del Balaguer de los doce años, de actores políticos que antes de alcanzar el poder lucharon por la independencia nacional y la soberanía popular y al llegar al mismo se convirtieron en fuerzas conservadoras y en última instancia autoritarias, como la representada por el PLD en su última administración.

En el 2010 nos encontramos en un punto de inflexión de nuestra vida política. Errores políticos llevaron al PRD, desde el 2003 a ese momento, a un desgaste que se tradujo en una derrota electoral en las elecciones de medio término del 2006, que depositó en el PLD un poder casi absoluto en el Congreso. En el período previo el Presidente Fernández, que había regresado a la primera magistratura de la nación en el 2004, producto precisamente de esos desaciertos del PRD, decidió impulsar una reforma constitucional que a su juicio sentara las bases de una profunda reforma institucional del Estado Dominicano.

Si en el periodo previo el Presidente Fernández clamaba contra la dictadura de la mayoría que en el gobierno central y el congreso nacional tenía el PRD, tras su victoria en el 2004 y la victoria que le dio la mayoría absoluta en el congreso en el 2006, el PLD procedió precisamente a ejercer esa dictadura.

Esas fueron las bases para el convencimiento del Presidente Leonel Fernández de que podía realizar una reforma constitucional a su medida. Desde el 2008 hasta el 2010 algunos nos opusimos a este propósito. En nuestro caso, estábamos convencidos de que en el país era tal la división de las fuerzas políticas que impedía por el momento el mínimo consenso que toda reforma constitucional requiere entre las principales fuerzas políticas. Planteamos que en esa coyuntura lo esencial era producir un acuerdo político que nos permitiera avanzar en la institucionalización del Estado y que sólo sobre esas bases adquiriría sentido una reforma constitucional de la envergadura que se planteaba.

Con su aplastante mayoría congresional (la dictadura de la mayoría) el Presidente Fernández procedió a impulsar una reforma constitucional que no sólo desechó la búsqueda del acuerdo con la oposición para generar el consenso que legitimara un esfuerzo de esa envergadura, sino que también lo hizo desechando el camino de una constituyente, que le hubiese podido dar la legitimidad popular que tal esfuerzo requería.

Sólo cuando encontró el escollo de la oposición de sectores de su propio partido (PLD) que rompía el bloque mayoritario que estaba seguro de controlar en la Asamblea Revisora, el Presidente Fernández se interesó de veras en dialogar con la oposición, vale decir con el PRD. Sedujo al presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y lo condujo al Pacto de las Corbatas Azules, como la gente le bautizó. Con ello Fernández logró dos objetivos: asegurar que la reforma de su constitución pasara, al tiempo que lograba que su futuro político no quedara sepultado, aunque la condición impuesta por Vargas Maldonado para apoyar la reforma fue la de la prohibición sucesiva de la reelección. Vargas Maldonado con esto no sólo aseguraba la vigencia política de Fernández, sino que también recuperaba a Hipólito Mejía como líder político. La ilusión del poder llevó a Vargas Maldonado al acuerdo de marras, al tiempo que le permitió a Fernández dormir tranquilo.

En la última fase de su gobierno, el Presidente Fernández acentuó la lógica excluyente de su administración. Con todo el poder congresional que disponía, una nueva constitución que le daba el control de la Institución de la Justicia y del Poder electoral, un poder e ingresos tributarios que doblegaba al empresariado, y un salvaje uso del recurso al endeudamiento externo como mecanismo de estabilización forzada de la economía, Fernández pasó a concentra un poder hasta ese momento inédito en el país. Nadie antes, ni Balaguer durante su gobierno de los doce años (1966-1978), había concentrado tanto poder.

En esas condiciones, el gobierno central parece haber dado un giro: se acentuó hasta el paroxismo el uso del Estado como un patrimonio personal del Presidente y su séquito (el llamado estado neopatrimonial que reconocidos académicos amigos del Presidente planteaban de modo un poco ingenuo), la compra de periodistas y el dominio masivo  de los medios de comunicación se hizo un hábito, el propio partido en el poder se convirtió en una maquinaria corporativa hasta llegar a la casi absoluta clientilización de las relaciones del gobierno con los simples ciudadanos y en particular del Presidente con la gente, a través de programas masivos de cooptación clientelar como las nominillas, la tarjeta solidaridad, la generalización masiva de prebendas, el transfuguismo de líderes de la oposición.

Todo esto llevó a la ilusión del poder total, que en el lenguaje de las ciencias sociales, tan caro al Presidente, podríamos sintetizar como “la ilusión del partido único”. Lo que en una hipótesis más realista, me atrevo a sostener, se acariciaba como el “bipartidismo satelital” y me explico: el partido único con todo su poder, legitimado por un partido opositor con presencia congresional, pero sin poder para cuestionar la sucesión presidencial que se decidiría siempre en el seno del partido en el poder, vale decir, el PLD. Esa sería “la situación ideal” para el PLD. Se produciría así un modelo de partido único, con un modesto ruido congresional de la oposición que en la práctica legitimaría el poder del partido único y su derecho al mando.

(Publicado originalmente en Acento.com.do)