El Congreso Nacional nos cuesta a los contribuyentes RD$5,742.737,104 millones, que no es demasiado dinero, ni tan poco, que por ejemplo podría resultar en notables logros invertidos en obras de infraestructura social o financiar a productores en Elías Piña o El Seybo, las dos comunidades más empobrecidas del país.
Sólo con los inmorales “barrilitos”, albedrío censurable que se asignan a los legisladores, más el monto de las exoneraciones de vehículos lujosos que se auto asignan, podría construirse un proyecto apreciable de pescadores en las tierras anegadas del lago Enriquillo.
La importancia de erradicar un organismo tan cuestionable no será posible, por supuesto, en gobiernos contemporizadores del PLD, pero es una agenda pendiente, para proceder en un momento histórico propicio, como deshaitianizar al país, como hizo el presidente Leonel Fernández, organizar de verdad el caótico tránsito vehicular, permitir solo la tenencia y no el porte de armas de fuego, restaurar todos los afluentes terriblemente contaminados sin que ningún gobierno corrija esa calamidad porque restaurarlos no produce votos.
Eliminar el cuestionable y corrupto Congreso Nacional y sustituirlo por un Consejo de Juristas, fue propuesto el 21 de este mes por el madrileño diario El País y comentado favorable por Rafael Molina Morillo.
Es una ponencia valiosa en carpeta que será luminosa realidad un día, cuando el pueblo se revoltee y decida, como el 27-2-1844, 16-8-1863, 19-11-1961 y 25-4-1965. Falta esa otra fecha, para hacer lo que nunca se ha hecho.
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