EL HURACÁN CORUPCIÓN II

Yvelisse Prats Ramírez De Pérez 
yvepra@hotmail.com

Transparencia Internacional nos coloca como el primer país en corrupción y el último en transparencia.

Lo que puede medirse, compararse, evaluarse, categorizarse, es porque varía. Si la corrupción tiene grados, aumenta, disminuye, es porque puede modificarse. De ahí el contundente optimismo de la conclusión En Plural del sábado pasado: “La corrupción sí puede evaluarse, evitarse, combatirse, castigarse, erradicarse”. Estamos rompiendo récords de corrupción en los últimos años. Las “evidencias que exigen veredictos” se pavonean ante nuestras narices, los “corruptómetros” internacionales lo confirman. Esto nos obliga a actuar.

La lucha contra la corrupción tiene dos vertientes: la preventiva y la sancionadora. Las estrategias de ambos frentes se combinan para recuperar lo que la corrupción sustrae. Existen experiencias aprovechables: la de Hong Kong en 1970 y 1980; Colombia 1994, y México, 2002, con la  ley de Transparencia y la creación del IFAI. Hay, también, dos referentes indispensables, la Convención Interamericana contra la Corrupción, (1996), y la Convención de la ONU, (2003). Dentro de estas coordenadas comunes, comparto algunas medidas y acciones contra la corrupción dominicana.

Primera premisa: conquistar, reconquistar y legitimar la autoridad de la ciudadanía en el debate y el combate contra la corrupción. Nadie tiene más autoridad para intervenir en el interés público que “el público”, valga la redundancia. La contundente protesta social que encarnan las sombrillas amarillas del 4%, puso de pie a la nación exigiéndolo. Que se enarbolen sombrillas verdes demandando respeto al medio ambiente, vulnerado por ventas de zonas playeras y/o reservadas, explotaciones foráneas de nuestros recursos naturales que ensucian ríos y explotan también a trabajadores nacionales; sombrillas rojas entre las violaciones a la Ley No. 340-06 de compra de bienes y servicios del Estado, donde se genera mayor corrupción; sombrillas azules que apunten a Otoniel Bonilla para que mueva ¡por fin! expedientes acumulados en su escritorio; sombrillas blancas que contrasten con el negro de las togas medrosas bajo las que se cobijó la impunidad de Sun Land. Los políticos decentes necesitamos cobijarnos bajo estas sombrillas multicolores para tomar medidas contra la corrupción. Estas acciones gubernamentales se tomarán en el gobierno del PRD a partir del 17 de agosto, porque es inconcebible que los que nos gobiernen se den a sí mismos “pau-pau”.

Propongo algunas:
La primera, enviar la corrupción a la escuela. No se alarmen los lectores: no propongo que se corrompan más los contratos para la construcción de planteles, ni que en las nóminas se cuelen algunos muertos, o que se desperdicie dinero en libros de textos que luego hay que botar; lo que planteo es incluir la corrupción en los currículos como eje transversal, ligado a la educación en valores.

Pido que se aprueben nuevas leyes que endurezcan las penas contra la corrupción, como la “ampliación de la evidencia admisible”. Sugiero la creación de un Comité Coordinador Ministerial, entre los organismos más involucrados en el combate contra la corrupción: Contraloría General de la República, Ministerio Público, Policía, Procuraduría General, Suprema Corte, los ministros de Finanzas y de la Presidencia. Conjuntamente en el Comité funcionará una Junta Supervisora, integrada por ciudadanos/as. Propongo reformas que se centren en estimular la lealtad de los funcionarios mediante instrumentos de política salarial, e incentivos; es difícil que jueces, fiscales, supervisores y policías mal pagados como los nuestros rechacen el soborno. Propongo también auditorías sistemáticas a los funcionarios, incoándose acciones legales inmediatas contra las irregularidades que se detecten. La reducción del clientelismo, una de las peores formas de corrupción porque descompone y aniquila el sentido moral del pueblo, es una de las más eficientes acciones que deberemos tomar. Esto se conseguirá, procesualmente, con políticas sociales  profundas que sustituyan el “dao”. Sugiero que se concentre la lucha contra la corrupción en República Dominicana  en la contratación de obras y servicios por parte del Estado. Ahí se encontrarán los casos más desmesurados de corrupción.

Dentro de este aspecto, propongo:
ï Todos los pasos del proceso de licitación y ejecución de los contratos deben ser públicos, exhibidos en todos los medios de comunicación.

ï Involucrar a las comunidades donde se construyen obras innecesarias o por lo menos no prioritarias como el Metro. También donde se exploten recursos naturales perjudicando a los moradores; recordemos el caso de Los Haitises.

ï Dar seguimiento al Estado de prosperidad de los que participan en licitaciones  (por ambas partes, Estado y licitadores) para aplicar la ley de “evidencias comprobables” y sancionar el enriquecimiento súbito.

¿Combatir la corrupción?
En otros países, gobiernos honestos y ciudadanías lo han hecho. Aquí,  donde  pagamos tan caro la concentración de riquezas mal habidas, podemos hacerlo.