¿Cuántas encuestas se requieren para que un candidato pueda proyectar una consistente imagen de vencedor? ¿Cuál de ellas le dice su real posicionamiento en el aprecio público? ¿Por qué si tantas encuestadoras coinciden en inclinar la balanza a favor de uno, no cesa la campaña de propaganda distorsionadora, poniendo de relieve y fuera de contexto expresiones del otro, muchas de ellas ciertamente desacertadas en las circunstancias de una campaña ríspida, en la que el valor del dinero supera el de las propuestas?
En mis años de ejercicio periodístico he presenciado mucha agresividad en campañas políticas, pero nunca como ahora la violencia verbal se había adueñado del ámbito electoral ni la mentira y la manipulación habían calado tan profundamente en el ánimo nacional.
Nunca se había recurrido a tantas fabulaciones, ni se había acusado al entorno de un candidato de urdir planes para desprestigiar a gobiernos extranjeros, como si no fueran los propios gobiernos los que se desprestigian a sí mismo, apelando a grabaciones ilegales; ni se habían usado éstas para fabricar tramas contra la vida de un dirigente opositor, aliado virtual del gobierno y contrario al candidato de su propio partido.
Y jamás tantos recursos públicos se pusieron al servicio de una candidatura, con el pleno respaldo de su beneficiario, víctima también en el pasado de esa práctica ilegal.
En pocos días volveremos a las urnas a elegir al binomio que dirigirá a la nación por los próximos cuatro años. En una democracia de valores, con fuertes instituciones y cultura de respeto a la Constitución y las leyes, los ciudadanos ejercen ese derecho sin más presión que aquella que le dicta su propia visión de la realidad.
La distorsión de esa realidad, mediante encuestas y adquisiciones mediáticas, tiene el propósito de cambiar el ambiente que uno observa en las calles.
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