Este es un lugar en cual los hombres y mujeres de orientación política, podrán conocer mi sentido de lucha por una patria mejor y un porvenir más promisorio para nuestros Niños. Como político, hice lo que quizás pocos han hecho para su patria y su partido. Fui el hombre que 1978, desde el centro de información de la 30 marzo, intercepto todas las llamas del Palacio de Gobierno donde estaba Balaguer, y termino con darle el primer golpe de estado telefónico en América Latina. Sacando a
En abierta violación del principio constitucional de la “no intervención” consagrado en el artículo 143 de nuestra Ley Fundamental, el presidente Fernando Lugo y su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, suscribieron el pasado 20 de diciembre en Uruguay un oprobioso acuerdo que faculta a las naciones del Mercosur a intervenir en el Paraguay, por la vía de la aplicación de un bloqueo político, económico y comercial, en caso de ruptura, amenaza de ruptura del orden democrático o “cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”.
Dado que el mismo instrumento confiere a los gobiernos de los países miembros y asociados del bloque regional la facultad de considerar de manera subjetiva qué acciones específicas configuran los conceptos anteriormente citados, es preciso reflexionar concienzudamente sobre el alcance de las disposiciones prescritas en el “Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II)”, así como acerca de la responsabilidad directa de quienes adoptaron, en nombre de nuestro país, un documento de tales agraviantes características.
El acuerdo en cuestión señala, que bajo las condiciones expuestas precedentemente, los países miembros y asociados del Mercosur podrán “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”. Como puede observarse fácilmente, se trata de medidas extremas que, sin lugar a dudas, agreden directamente los principios sobre los que se sustentan nuestra soberanía nacional.
A tenor de lo dispuesto en el acuerdo, puede concluirse que situaciones de carácter sumamente grave, catastróficas incluso, podrían cernirse sobre la población paraguaya, amenazando no solamente su soberanía patria, sino también nuestra independencia como nación, sostenida ininterrumpidamente en los últimos 200 años merced a la entrega de gobernantes y el derramamiento de sangre de cientos de miles de compatriotas en dos sangrientos conflictos bélicos.
Está claro que el “Protocolo de Montevideo” faculta a potencias extranjeras, por meras coincidencias o afinidades ideológicas afines, a intervenir en el Paraguay. Ahora, gracias a las oprobiosas disposiciones establecidas en el “Protocolo de Montevideo”, los brasileños ya cuentan con la excusa perfecta para intervenir en nuestro país cuando se les antoje. De hecho, el mismo documento incorpora condiciones muy laxas para hacerlo, puesto que contempla no solamente los casos de rupturas o amenazas de ruptura del orden democrático, sino también algo tan vago como “cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder”. Y “cualquier situación”, ya se sabe, podría ser lo que a los patrones de la región se les ocurra o convenga a sus intereses hegemónicos.
Con el acuerdo de marras, Paraguay, eventualmente, queda indefenso en las manos de sus vecinos, sometido a su voluntad omnímoda, ya que no solamente estos podrán quedarse con nuestra energía hidroeléctrica, sino también cortarnos el suministro de combustibles y alimentos, cerrar nuestro espacio aéreo, bloquear el tráfico fluvial, impedir la venta de todos nuestros productos al exterior e, incluso, cortar todo tipo de comunicación.
Así las cosas, no cabe más que condenar a los legionarios de nuevo cuño que, imitando ahora el repudiable antipatriotismo de aquellos paraguayos que durante la Guerra de la Triple Alianza combatieron contra sus propios hermanos, permitieron en Montevideo que este ultrajante atropello a nuestra soberanía fuese cometido tan descarada y abiertamente. Ellos son, sin lugar a dudas, quienes, para mantenerse en el poder a toda costa, buscarán generar esas “situaciones” favorables que servirán de trampolín para que poderosas potencias extranjeras ideológicamente afines no solamente se inmiscuyan en nuestros asuntos internos, sino que también puedan definir el destino del conjunto de la población.
Prestándose a esta maquinación externa, Lugo y quienes lo secundaron en esta desgraciada aventura se convirtieron en vulgares instrumentos de aquellos que durante centurias enteras han pretendido engullir nuestras riquezas y hacer desaparecer al Paraguay de la faz de la tierra. Infeliz pretensión esta en la que desde tiempos inmemoriales sobresalió, por su angurria infinita, el sanguinario imperialismo brasileño.
Ahora bien, ¿cómo puede concebirse que un gobernante suscriba un documento por el cual consiente en el establecimiento de un bloqueo infame en perjuicio de su propio pueblo?
Ante este desolador panorama que conforma el “Protocolo de Montevideo” y sus ilegales cláusulas, así como el hecho de que el mismo haya sido inauditamente aceptado por el propio Presidente de la República del Paraguay, cabe formular ante la opinión pública nacional la siguiente pregunta: ¿es o no traición a la patria lo que Fernando Lugo firmó en Montevideo?
Fuente: abc.com.py