GUILLERMO MORENO VS JUSTICIA

Dos jueces de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, incluyendo su presidente, fueron recusados por el exfiscal Guillermo Moreno, por considerar que no están en condiciones de actuar con imparcialidad en un caso contra el expresidente Leonel Fernández, por alegada corrupción, prevaricación y lavado de activos.

Los magistrados bajo sospechas legítimas de Moreno sonEduardo Sánchez Ortiz, ascendido al cargo el 17 de mayo pasado, y Mariana Daneira García Castillo.

La Corte de Apelación está apoderada de un recurso mediante el cual Moreno pretende que sea dejado sin efecto el archivo definitivo del expediente contra Fernández, que involucra también a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode).

Argumenta, a través de la instancia de recusación, que con posterioridad al surgimiento de este caso, el magistrado Sánchez Ortiz ha sido “tomado de la mano” y propiciado su ascenso, como parte de una estrategia para preparar un escenario que quede bajo control del expresidente Fernández.

Otro hecho que invalidaría a Sánchez Ortiz para juzgar el caso es que entre los defensores de Fernández está Olivo Rodríguez Huertas, quien se ha desempeñado como defensor personal del magistrado con motivo de por lo menos un juicio disciplinario.

Considera que es parte del plan, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, quien fuera “socio y abogado personal” de Fernández.

Morano, presidente del partido Alianza País, dice que ha recibido informaciones del entorno inmediato del magistrado Sánchez Ortiz conforme las cuales, en las últimas 72 horas, éste ha tenido contacto directo con Radhamés Jiménez Peña, exprocurador general de la República y representante legal del exmandatario.

De igual modo, asegura que recientemente se produjo una reunión entre Sánchez Ortiz y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra, quienes se desempeñaran como altos funcionarios del gobierno de Fernández (2004-12).

Moreno va más lejos y pide a la instancia de recusación, que de manera previa al conocimiento de la misma, sea solicitado a la compañía telefónica que corresponda, un reporte de las llamadas entrantes y salientes con sus respectivas celdas, del número 809-545-4124, supuestamente utilizado por el magistrado Sánchez Ortiz, a partir del 5 de julio de 2013 hasta la fecha.

Otro hecho que invalidaría a Sánchez Ortiz para juzgar el caso es que entre los defensores de Fernández está Olivo Rodríguez Huertas, quien se ha desempeñado como defensor personal del magistrado con motivo de por lo menos un juicio disciplinario.

En tanto que la magistrada García Castillo fue recusada “por sus vínculos matrimoniales” con el procurador adjunto Ramón Arístides Madera Reyna.

Considera que el Ministerio Público es una parte interviniente en el proceso y que de hecho, ha fijado una posición contraria a la parte querellante y recurrente, “por lo que en la magistrada García Castillo concurre un motivo grave que afecta su imparcialidad e independencia al tener un cónyuge que es parte de una entidad interesada en un resultado específico en este caso”.

De igual modo, Moreno solicitó la inhibición del juez Modesto Sánchez Mejía, en virtud de que, en el año 1996, mientras él se desempeñaba como fiscal del Distrito Nacional, dicho magistrado ocupó el cargo de ayudante o adjunto, además de que le apadrinó un hijo