ILEGALIDAD Y DERECHOS

Las cicatrices de las heridas de muerte de nuestros héroes, parecen no haber dejado su impronta en nuestro pueblo. Podemos inferir cómo los dominicanos hemos perdido la memoria de los hechos que a lo largo de nuestra historia han forjado nuestra nacionalidad. 

República Dominicana y Haití, dos naciones, dos culturas diametralmente opuestas en una misma isla y una historia mutua de innumerables hechos sangrientos que dan por sentado la imposibilidad de una convivencia de fusión entre ambas.  Es preciso por el bienestar de ambos países y por la permanencia de las buenas relaciones, mantenernos como dos naciones soberanas e independientes y en la integridad de sus respectivos territorios y sus leyes. 

Los acontecimientos históricos son pruebas fehacientes de cómo los dominicanos hemos padecido de mano de los haitianos todo tipo de oprobios. Más terrible aún  es reconocer que sus mejores colaboradores han sido los gobiernos dominicanos y personas enquistadas en los medios de comunicación, intelectuales, empresarios dominicanos y extranjeros, que han dado prueba de un odio visceral contra todo lo que es dominicano.

Es necesario hoy más que nunca, que nuestras autoridades sientan el RECLAMO DEL PUEBLO, tocar hasta las puertas de sus despachos en exigencia de que ellos se acojan al cumplimiento de la ley y se conviertan en vigilantes de los procesos que conllevan su aplicación.

El pueblo debe unirse, debe organizarse a través de las juntas de vecinos y los sindicatos de trabajo. Debe empoderarse de nuestra constitución, que es el espejo de nuestra identidad. Los dominicanos deben exigirle a los empresarios que digan cuál es el número de extranjeros que tienen empleados en sus empresas y su condición legal, según lo estipula el código de trabajo y la ley de migración.

EL DOMINICANO DEBE EXIGIR SU 80% DE LAS PLAZAS DE TRABAJO EN TODOS LOS SECTORES QUE OPERAN EN EL MERCADO Y LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 

Llegó el momento para que el pueblo se convierta en centinela de la justicia y denunciante por excelencia de los atropellos a los que son sometidos nuestros trabajadores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos y todo aquel dominicano.

Ya está bueno de consentir que nuestros gobiernos sigan manejando la administración del país como una empresa privada, donde los intereses particulares de sus funcionarios es lo que prima.

En los últimos 100 años nuestros gobernantes han manejado el país de manera irresponsable, poniendo en vulnerabilidad nuestra frontera legal y territorial, violando reiteradamente  los mandatos constitucionales que consagran la protección territorial y soberana. Los fusionistas de manera morbosa sólo quieren presentar el drama de los haitianos e ignoran y ocultan el verdadero drama humano que representa el desplazamiento de los dominicanos de sus puestos naturales de trabajo, de los accesos a la salud, a la educación y a la seguridad social y a todas las conquistas sociales adquiridas en los últimos 50 años de democracia. Estos expertos de la palabra han creado una cortina de humo velando la realidad.

¿Cuál es el interés que hay en que se le otorgue documentación como dominicanos a los hijos de haitianos ilegales en el país?

La nacionalidad es un derecho de toda persona. El gobierno haitiano, en el cumplimiento de su Constitución, está obligado a proveer de la debida documentación a sus ciudadanos, no importa donde estos se encuentren. No documentarlos y obligarlos a cruzar nuestra frontera es un acto irresponsable y violatorio que lo subraya de lesa humanidad hacia sus congéneres.

La sentencia del TC ha hecho brillar de nuevo el sol de la libertad de la República de 1844, haciendo loor de aquel magno día en que nació nuestra patria. Con dicha sentencia se blindó todas las murallas de nuestra frontera legal. Por tal razón, los fusionistas están molestos y buscan la manera de descalificar al tribunal constitucional, inventando toda suerte de subterfugios legales con tal de debilitar esta sentencia histórica, que ha venido a sobreguardar nuestra integridad como nación.

Nuestra nacionalidad es un derecho constitucional y político. Los dominicanos no debemos poner atención a los cantos de sirenas que buscan distraernos para hacer zozobrar nuestra soberanía.

Pretender otorgar ciudadanía dominicana a haitianos ilegales es conferirle el derecho al voto y a incidir en todas las decisiones de nuestra nación. EN OTRAS PALABRAS,  ES LEGITIMAR LA FUSIÓN. Es aumentar de manera abrupta nuestra densidad demográfica y ampliar la cadena de pobreza de nuestra población. La carga social e impositiva aumentaría desproporcionalmente y esto repercutiría de manera negativa, en la sostenibilidad de nuestros planes de desarrollo y de nuestra economía. Al día de hoy ellos se llevan más de un 35% de nuestro presupuesto, lo que es un costo social sin precedentes. TODO ACTO ILEGAL NO ES FUENTE DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

La sentencia del tribunal deja claro la situación de aquellos hijos de padre y madre extranjeros en condición de ilegales, tanto en cuanto al ingreso y/o permanencia, a los cuales no les corresponde nacionalidad de origen. En el caso de los hijos de haitianos ilegales jamás podrían ser apátridas pues la constitución de Haití en su artículo 11 dice: "que los hijos de padres haitianos adquieren de pleno derecho por el jus sanguinis la nacionalidad haitiana, cual que sea el lugar donde nazcan."En el caso de los hijos de dichos ilegales, que habiendo nacido en territorio dominicano y en capacidad de elegir decidan renunciar a su nacionalidad haitiana de origen, obtendrán un permiso de permanencia para que puedan por la vía legal adquirir la ciudadanía dominicana. Los haitianos con residencia legal y cuyos hijos nazcan en territorio dominicano, el gobierno les proveerá de su debida documentación.

La migración de los haitianos al territorio dominicano es un problema que ha sido amamantado por nuestros políticos con fines electorales y el cual hay que acabar de una vez y por todas.  Es necesario ya determinar cuál es el límite saludable de inmigrantes haitianos que debe haber en el país. El problema migratorio actual es de la injerencia exclusiva del gobierno dominicano.  Nuestro país siempre ha sido respetuoso de las leyes y de los derechos de todos los países del hemisferio. Del mismo modo que Inglaterra, Francia, Canadá y Estados Unidos aplican sus leyes migratorias, en igualdad de derechos, los dominicanos lo podemos hacer bajo el amparo de nuestra Constitución.

El artículo 3 de la Constitución dice:  "La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de sus poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana."

El problema de la presencia ilegal de haitianos en nuestro país y el mal intencionado afán de sólo vincularlo como un "problema humano" obviando los aspectos  legales, nos dan razones suficientes para que el análisis de este problema se haga bajo el escrutinio y el rigor de nuestras leyes, dado el punto de vista de la vulnerabilidad en la que se quiere poner nuestra constitución.

LOS DOMINICANOS JAMÁS CONSENTIREMOS UNA FUSIÓN CON NINGÚN PAÍS DEL MUNDO. Por tal razón y si fuere necesario, nos acogeríamos al artículo 2 de nuestra Constitución, que establece que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen la Constitución y las leyes."

La abusiva inmigración haitiana, una vez con derechos otorgados, no dejarían en el desamparo total de nuestra soberanía, de nuestros derechos y pondría en peligro de extinción al pueblo dominicano. Esto traería como consecuencias también la fuga de cerebros de nuestro país hacia otros países y nos llevaría a un oscurantismo cultural. Un pueblo de 11 millones de habitantes como lo es el haitiano, donde el 80% de su población no posee la educación, ni la mentalidad y la actitud debida para encarar el desarrollo, solo representaría un gasto social muy elevado y en total desventaja, con las aportaciones que estos nos podría dejar con su mano de obra no calificada. 

Pretender que el Estado Dominicano viole sus propias leyes, a solicitud de la comunidad internacional y del gobierno haitiano, es una propuesta perversa que nos degrada como país. ENARBOLEMOS UNA NUEVA CULTURA DE LA LEGALIDAD, EN FAVOR DE UN ESTADO DE DERECHO. 

EL PUEBLO DOMINICANO DEBE MANTENER INQUEBRANTABLE Y CON TODOS SUS INALIENABLES ATRIBUTOS SU SOBERANÍA Y SIN MENGUA ALGUNA DE NUESTROS DOMINIOS FRONTERIZOS DE NUESTRAS LEYES Y DE NUESTRO TERRITORIO. 

DEBE DECLARAR ABSOLUTAMENTE ÍRRITO TODOS LOS ACTOS QUE PUEDAN REALIZARSE POR OPOSICIÓN A NUESTRA CONSTITUCIÓN Y A NUESTRO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

¡LOS DOMINICANOS SOMOS DUEÑOS DE NUESTRO DESTINO!

¡LOS DOMINICANOS TENEMOS DERECHO A SEGUIR SIENDO DOMINICANOS!

¡LOS DOMINICANOS TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS!