LA ARROGANCIA DEL PODER

Cuando el poder se ejerce sin contrapesos, da lugar al nacimiento de delirios de grandeza. El PLD ha podido gobernar solo, virtualmente sin oposición, porque desde hace algunos años la ha podido neutralizar efectivamente. Ahora bien, es evidente que tanto tiempo sin contrapesos ha provocado que a los líderes del partido morado se les vayan los humos a la cabeza.

Es de notar que desde sus inicios, muchos de los funcionarios morados han sido pretenciosos, pero en la actualidad esa actitud ha llegado a una arrogancia ridícula que pretende silenciar cualquier crítica o denuncia de los actos de corrupción cometidos por los funcionarios y ex funcionarios del partido de gobierno.

Hace algunas semanas llamamos la atención sobre el intento que se hace desde las altas esferas del Estado de eliminar el derecho a la acción popular, contenido en el 3er párrafo del artículo 85 del Código Procesal Penal, como forma de silenciar las querellas de ciudadanos contra los funcionarios corruptos. En particular, el ex ministro Díaz Rúa ha apoderado al Tribunal Constitucional para que este declare la inconstitucionalidad de ese artículo basándose en una pretendida contradicción con el artículo 22.5 de la Constitución. Paralelamente, el Congreso intentó eliminar dicho texto legal en una modificación al Código Procesal Penal, pero, debido a las protestas en la opinión pública, el Presidente Media decidió dejar el asunto en manos del Constitucional y así lavarse las manos como Pilatos.“solo un proceso amplio de movilización ciudadana tendente a interrumpir la gobernabilidad peledeísta puede sentar las bases para sacar al partido cartel del gobierno”.

Ahora, en un caso insólito, la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que investiga a Díaz Rúa por presuntos actos de corrupción, ha resultado querellada por la propia jueza de instrucción que conoce dicho caso. Resulta que la fiscal Reynoso recusó a la jueza porque entendió que esta no era apta para ejercer una función imparcial debido a numerosos hechos denunciados por la fiscal, incluyendo la influencia que sobre la jueza ejercen personas allegadas al acusado (Díaz Rúa).

El resultado fue, no solo que la jueza asumió una actitud hostil que claramente justifica la recusación, sino que se ha querellado contra Reynoso por supuesto ultraje. Esta querella tiene como trasfondo las presiones y amenazas que ha recibido Reynoso para archivar el expediente de Díaz Rúa. En otras palabras, no es más que una estrategia para desacreditar a la fiscal y provocar el tan ansiado archivo del caso de corrupción más importante que se ha investigado hasta la fecha en nuestro país. Este caso podría dar al traste con los planes reeleccionistas del ex presidente Fernández, por cuanto el acusado es una de sus fichas fundamentales.

Todo esto revela el nivel de control que tiene el partido cartel, en especial el grupo del ex Presidente, sobre las instituciones del sistema judicial dominicano, y la arrogancia que conlleva ese control. Peor aún, el gobierno poco a poco está construyendo un sistema que penaliza a quien denuncie los actos de corrupción y en el que los funcionarios públicos sean incuestionables.

Sin embargo, lo que no parecen entender los funcionarios morados en su arrogancia, es que llegar a los extremos socava su legitimidad, y el sistema político dominicano ya no aguanta más. El gobierno peledeísta ha perdido su legitimidad y a pesar de los trucos de cámara y las encuestas de dudosa reputación, el descontento es generalizado, aún dentro de los propios funcionarios medios y bajos, quienes han visto sus aspiraciones profesionales truncadas por un sistema que privilegia las dádivas y las prebendas sobre el esfuerzo y la dedicación.

No obstante, no quisiera transmitir una actitud de euforia ingenua. Si bien es posible derrotar al partido cartel por la vía electoral, como recientemente declara Guillermo Cifuentes, para ello hay que “fajarse”. Dado el control que tiene el PLD de las instituciones estatales, solo un proceso amplio de movilización ciudadana tendente a interrumpir la gobernabilidad peledeísta puede sentar las bases para sacar al partido cartel del gobierno. En este sentido, para llegar a las elecciones del 2016 primero hay que tomar las calles.