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Sociólogo, urbanista y municipalista
Doctor en Sociología de la Universidad de Estudios de Roma, Italia. Profesor de Sociología urbana por más de 35 años. Ha publicado numerosos estudios sobre gobernabilidad local y gestión urbana.
Existe cierto pesimismo de que se pueda llega a un nivel de consenso, que haga posible y sostenible el pacto por una reforma fiscal integral.
Algunos sectores empresariales y sociales han sido reiterativos en decir que la base de todo acuerdo descansa una previa discusión sobre cómo se distribuirían los recursos que obtendría con la reforma. El gobierno es reticente a este abordaje, porque el mismo conduce al esclarecimiento de la situación económica que realmente hereda.
Abordar el tema, como lo plantean algunos empresarios y el sector de la sociedad civil más comprometido con los mejores intereses de este país y que participan de las discusiones preliminares sobre la referida reforma, obligaría a Danilo Medina a hacer público lo que encontró: una administración pública devastada por el dispendio, repartición y saqueo de los recursos públicos durante la gestión de Leonel Fernández, que lo conduciría a una confrontación con este, para lo cual todavía no parece estar preparado.
Medina querría tiempo para manejar la contradictoria situación de ocupar el primer puesto de mando de la administración pública, pero no el poder para reorientarla según su deseo y de algunos de sus seguidores. Siguiendo su gusto por el tacticismo, quiere una reforma fiscal para tener los recursos que permitan acometer su programa de gobierno y cierta legitimidad, pero evitando o posponiendo una confrontación con la facción partidaria que le adversa y con la que cohabita.
Con esa reforma, el equipo económico del presente gobierno, prácticamente el mismo del anterior, quiere recaudar cerca de 44 millones de pesos, casi la misma cantidad de dinero que en su momento dijo Fernández que tenía identificada para hacer de Medina un presidente y mantener a su partido en el poder.
Cierto es que el gobierno necesita recursos, para mejorar las condiciones de vida de la población, pero si eso quiere, debe hacer un ejercicio de transparencia, dando señales de que realmente introducirá cambios sustanciales en la forma de conducir la cosa pública.
Y es que, en fin de cuenta, toda reforma en el ámbito de la economía si quiere ser sustancial, (para bien o para mal de uno u otro sector) necesariamente debe entrar en el ámbito de la política. Ninguna reforma fiscal, por más integral que pueda ser, no es sostenible en el tiempo sin una reforma política orientada hacia la equidad del gasto, la racionalidad y la transparencia.
No puede ser sostenible, si seguimos siendo el país donde cada voto electoral es cinco y seis veces más caro que varios países de la región, con los congresistas, alcaldes y regidores más caros del continente, con jugosas pensiones para funcionarios, con dependencias estatales para pagar favores a grupúsculos políticos, entre ellos a uno abiertamente xenófobo que maneja la cuestión migratoria con el segundo socio comercial de este país, con una Junta Central Electoral esencialmente dispendiosa, discriminatoria, corrupta y que sin más, se apresta a dirigir los próximos comicios presidenciales municipales y congresuales .
Con un sistema electoral excluyente y una centralización de los poderes en solo partido. Si Danilo Medina se quiere realmente introducir cambios sustanciales en la forma de conducción de la cosa pública, esta discusión sobre la reforma fiscal le brinda una optima oportunidad para hacerlo pues podría hacer lo que nunca ha hecho el liderazgo peledeísta: buscar seriamente un pacto político con las fuerzas políticas que sí cuentan en el este país y no solamente con el balaguerismo/reformista y una diversidad de partiduchos clientelistas, como siempre ha hecho. Si Medina desea un pacto para una reforma fiscal, debe pensar que todo pacto fiscal involucra a sectores políticos y eso no se logra privilegiando interlocutores de poca legitimidad política.
En definitiva, en las condiciones de debilidad y deterioro institucional en que se encuentra este país, ninguna reforma fiscal logrará detener el camino hacia el despeñadero, independientemente de la pertinencia que esta pueda tener, si la misma no se piensa desde una perspectiva de reforma integral del sistema político. Sin gimnasias que sólo conducen a posponer la solución de una crisis que es económica, política y sobre todo social.
Por eso, más que de una reforma fiscal, este país está urgido de una profunda reforma política. Eso es lo que debe demandar todo aquel que quiera hacer una seria y necesaria oposición.
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