SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Guillermo Moreno afirmó que el director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, cometió prevaricación al disponer el archivo definitivo del expediente del senador Félix Bautista.
El presidente de Alianza País recordó que la prevaricación la comete una autoridad, un juez o un funcionario público cuando a sabiendas adopta medidas o dicta resoluciones violatorias de la ley a sabiendas de que lo son.
Moreno explicó que al disponer el archivo definitivo Hotoniel Bonilla extinguió la acción penal contra Félix Bautista, con lo que violó la ley, pues es de su conocimiento que en el archivo de los expedientes penales por insuficiencia de prueba, que fue su argumento, el Código Procesal Penal (CPP) dispone que el archivo tiene un carácter provisional y por tanto la acción penal continúa abierta.
Al actuar así, valoró Guillermo Moreno, Hotoniel Bonilla, a sabiendas, violó la ley para favorecer al imputado Félix Bautista, con lo cual faltó a las obligaciones propias de su función como director de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa.
La actuación de Hotoniel Bonilla es más grave aún, consideró Guillermo Moreno, si se toma en cuenta que el archivo definitivo para favorecer a Félix Bautista se produjo unas horas antes del cambio de gobierno e ignorando los medios probatorios que aportó la auditoría de la Cámara de Cuentas que puso en evidencia la serias y graves violaciones a la ley penal cometidas por Félix Bautista durante su gestión al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Guillermo Moreno plantea que por actuar de esta forma, Hotoniel Bonilla no solo debe ser destituido como titular de la DPCA, sino procesado por prevaricación.
Moreno señaló que lo interesante de este caso es que “revelará si el Presidente de la República, Danilo Medina, tiene real voluntad de persecución de la corrupción o si continuará el borrón y cuenta nueva”.
Pero además, concluyó Guillermo Moreno, también se pondrá a prueba el alcance del blindaje judicial para garantizarle impunidad a Leonel Fernández y al grupo de corruptos que le acompañó en sus ocho años de gobierno.
