PLD VS CARTA MAGNA

De sobra se ha hablado, y aún se habla, de la conversión del Estado en botín del partido ganador de la presidencia. Secuela inevitable, hasta ahora, es la repartición de cargos, no según méritos sino en proporción, a veces desmedida, del trabajo proselitista y clientelar aportado al candidato. Pago de otras pequeñas facturas con empleos menos relevantes, pero que sangran el presupuesto.

Ni qué decir de enriquecimientos tan meteóricos que sus detentadores tendrían que transmutarse en Harry Houdini para convencer de su licitud. Acumulación perversa de capitales por dirigentes políticos devenidos empresarios gracias al impúdico aprovechamiento del cargo, en franca  competencia desleal con el sector productivo tradicional.

Esta perversión del poder no tiene límites. La marcada endeblez institucional es también su producto y caldo de cultivo. La hegemonía en el Estado, un fenómeno relativamente reciente, ha logrado incluso mudar logros democráticos en aquelarre. Para muestra, las llamadas altas cortes.

Tanta y frecuente es la sustitución de los intereses del Estado por los partidistas, que ésta pasa ya por moneda corriente. No llama la atención de la opinión pública ni, muchísimo menos, sonroja a sus perpetradores.

Esta perversión del poder no tiene límites. La marcada endeblez institucional es también su producto y caldo de cultivo.

Veamos un ejemplo reciente. En su última reunión, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana “decidió” la permanencia en sus cargos de los funcionarios aspirantes a la candidatura presidencial morada en 2016, desde ya en activismo febril. 

Responde así el todopoderoso organismo al reclamo de sectores sociales clave para los cuales este inoportuno y prematuro destape de ambiciones colisiona con la atención requerida por los asuntos de un país que solo en el discurso marcha sobre ruedas.                    

Arrogándose prerrogativas propias del Poder Ejecutivo, el Comité Político aprovecha la hegemonía del PLD, cuyos peligros han sido reiteradamente señalados, y suplanta una función atribuida por el Artículo 128 de la Constitución al presidente Danilo Medina: remover los ministros, viceministros y demás funcionarios públicos nombrados o ratificados por él.

Precisémoslo: el asunto no es insustancial. Lesiona aún más todavía la averiada institucionalidad dominicana. En buena lid democrática, a ningún organismo de partido oficialista le incumbe quién se queda y quién no en un cargo que los contribuyentes pagamos con nuestros asfixiantes impuestos y queremos ver bien servido. Eso debe decidirlo el presidente.

Lástima que Medina, presente en la reunión, no pusiera freno a este insolente ejercicio del poder que fue, al mismo tiempo, una desconsideración a él mismo como jefe de la Administración Pública.