SOBERANÍA Y POLÍTICA

Hoy los Estados no pueden hacer lo que quieren bajo el argumento de “aquí mando yo”. 

Las políticas que afecten o violen los derechos del pueblo no son legítimas, y para defender esta perspectiva se cuenta con otros garantes que trascienden las fronteras nacionales. Y es que el sistema internacional, del que forma parte la República Dominicana, ha establecido un conjunto de instancias con autoridad por encima de los Estados.

Siendo el verdadero soberano el pueblo dominicano, las instituciones públicas tienen calidad de soberanas en la medida en que ejerzan la real representación del pueblo. Por tanto, la legitimidad de las políticas está dada por la robustez de sus argumentos y sus niveles de justicia.

La soberanía real, que es el poder del pueblo, defiende la calidad de las decisiones, no quien las toma.

Acuerdos comerciales, relaciones laborales, derechos humanos, entre otros, son ámbitos  regulados a partir de acuerdos internacionales, los que son de cumplimiento obligatorio para la República Dominicana. Por lo que no resulta suficiente para dar carácter de obligatoriedad al cumplimiento de una disposición, que esta sea emitida por un poder del Estado, también debe ser coherente con los acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario, pero sobre todo no debe ir en contra de los intereses del soberano, el pueblo.

La razón por la cual, el Poder Ejecutivo se abocó a un proceso de renegociación del famoso contrato modélico con la Barrick Gold y no lo rescindió de manera unilateral, es porque a pesar de que implica recursos del suelo dominicano, la Barrick tiene derechos en materia comercial y un garante que trasciende las fronteras nacionales. Rescindir el contrato le hubiera salido muy caro al país.

No obstante, la voluntad política del Poder Ejecutivo posibilitó el cambio en la postura de la Barrick, así como logró hacerse de la disposición del Congreso para la revisión del contrato. ¿El argumento? Que se estaba ante un contrato injusto, a pesar de que la pasada gestión de gobierno lo había definido como un contrato modélico. Entonces dos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo, como el Congreso cambiaron de opinión.

Resulta imposible para el Estado Dominicano ignorar a la Organización de Estados Americanos (OEA) y mucho menos a la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, quien ya está tomando cartas en el asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de miles de dominicanos. La pronta visita de una comisión de la OEA, habla por sí sola.

La soberanía real, que es el poder del pueblo, defiende la calidad de las decisiones, no quien las toma.