Pedro P. Yermenos Forastieri
El partido Alianza País ha tenido una trascendente iniciativa que debe tener un impacto positivo en lo que hasta ahora ha sido la ineficaz y dúplice lucha contra la corrupción administrativa en esta nación. Ha recurrido a canales institucionales, depositando ante la máxima autoridad del Ministerio Público una denuncia de hechos que constituyen ilícitos penales contra el ex presidente Leonel Fernández, el pasado ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, y el actual senador Felix Bautista.
Pese a la relativa importancia que las encuestas demuestran que la población le asigna a un fenómeno que se traduce en despojo del patrimonio colectivo en beneficio de particulares, los crímenes y delitos contra los fondos públicos ocupan un sitial preponderante en las causas de la preservación de males históricos que abaten a tanta gente que habría tenido la oportunidad de disfrutar de condiciones materiales de existencia menos lastimosas.
Ese sistema corrompido ha sido sustentado por la impunidad, la cual propicia el descaro de ver pasear por las calles como honorables a personajes que de otra forma no habrían podido abandonar su anodina condición de mediocridad.
Hay que admitir que muchos, con nuestra indiferencia pasmosa y abulia ciudadana, hemos aportado una cuota para que esto se haya mantenido en el transcurrir del tiempo, mostrándonos dispuestos a financiar con el pago de impuestos abusivos por no generar retorno, la superación circunstancial de los recurrentes déficits de una economía manejada con irresponsabilidad extrema y delictuosa. Con la actitud de Alianza País el tema se coloca en las manos del ministerio público, cuyo representante principal podría tener con el manejo del expediente, la oportunidad de definir su destino. Su primera reacción ha sido penosa al descartar el mensaje descalificando al mensajero. A un político como él no le luce atribuir un interés al margen de lo jurídico a un asunto delicado como este. No me sorprendería si el principal imputado, confiando en la estructura judicial que dejó establecida, se presente a su despacho y solicite que no archive la denuncia, con lo cual el Procurador quedaría mal parado.
Si el legajo carece de méritos, nada mejor para probar que los señalados son inocentes y que los denunciantes deben una excusa e incluso una reparación. Claro, siempre que todo sea resultado de un proceso serio e imparcial, no una tira cómica que ratifique las palabras del Magistrado Domínguez Brito de que él es un hombre del ex presidente.
Santo Domingo, R.D., viernes, 09 de noviembre de 2012.
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