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Este es un lugar en cual los hombres y mujeres de orientación política, podrán conocer mi sentido de lucha por una patria mejor y un porvenir más promisorio para nuestros Niños. Como político, hice lo que quizás pocos han hecho para su patria y su partido. Fui el hombre que 1978, desde el centro de información de la 30 marzo, intercepto todas las llamas del Palacio de Gobierno donde estaba Balaguer, y termino con darle el primer golpe de estado telefónico en América Latina. Sacando a

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TSE OBEDECE AL GOBIERNO

Julio Cury dice que el Tribunal Superior Electoral obedece la voluntad del gobierno

El jurista plantea conveniencia de consagrar la prevaricación judicial como delito en la República Dominicana
17 DE JUNIO DEL 2012

SANTO DOMINGO.-El jurista Julio Cury denunció que el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) que anuló las sanciones disciplinarias impuestas por la Comisión Política del PRD fue “una especie de vindicta legal del gobierno contra Hipólito Mejía”, y los jueces que integran esa corte “cruzaron el umbral de la mera interpretación errónea de su ley orgánica para acomodársela caprichosamente a las pretensiones de Miguel Vargas”.

Cury recordó que antes de la audiencia del pasado viernes había dado por descontado que esa corte cometería otra “masacre”, y dijo que tanto él como el doctor Enmanuel Esquea Guerrero eran partidarios de una estrategia de defensa diferente.

“Era ingenuo creer que el TSE estaba en condiciones de instruir imparcialmente las acciones de que fue apoderado”, manifestó el destacado jurista.

Alegó que el derecho a ser juzgado por una jurisdicción imparcial e independiente es una garantía fundamental del debido proceso consagrada por el numeral 2 del artículo 69 de la Constitución. “Cuando existen motivos que permiten dudar de la imparcialidad o independencia de un juez, lo procedente, en interés de garantizar la tutela judicial efectiva, es recusarlo”.

Acusó al TSE de desconocer sus atribuciones y de erigir la voluntad del gobierno en ley.

“Este ha sido un precedente fatídico que además de reafirmar la debilidad institucional de que adolecemos, abre las puertas, en ese tribunal, al caos surgente de leyes antojadizamente interpretadas”.

Planteó la conveniencia de consagrar la prevaricación judicial como delito, de manera que los fallos que carezcan de explicación razonable, que sean consecuencia de un error o ignorancia inexcusable, o que no se correspondan con una rigurosa aplicación de la ley, sean considerados como ilícitos penales.

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