CONFLICTO DEMOCRÁTICO Y COYUNTURA ELECTORAL

Por Wilfredo Lozano

Si lo que sostiene las bases de la política democrática es la soberanía del pueblo, la misma no puede, a su vez, sostenerse sino en dos principios complementarios, pero de igual importancia: reconocer que la voluntad popular se funda en la diferencia y que por definición ésta implica un cierto nivel de conflicto como base constitutiva de la política.

De ser así, el conflicto en una sociedad democrática tiene un espacio institucional legítimo; mejor aún, posiblemente el conflicto en la sociedad democrática es lo que al fin y al cabo permite reconocer la diferencia y, por esa vía, dar cuerpo y vida a la voluntad popular. Sin embargo, para que todo esto no sea un caos que termine en un régimen de fuerza, se requiere no sólo una cultura de tolerancia respecto al adversario, sino principalmente un orden estatal fundado en el derecho y el respeto a los que pierden, en parte  porque mañana pueden pasar a ser mayoría, pero sobre todo porque son ciudadanos.

Sobre esas premisas, la política democrática no tiene que apoyarse en el consenso de todos, sino en la aceptación del principio de mayoría y en el respeto de la diferencia como principio rector de la representación política. Ciertamente, el que gana gobierna, pero no aplasta; el que pierde se opone, pero respeta el orden democrático.

La democracia dominicana parece navegar por otros mares.  En nuestro país hay todo un discurso demagógico no democrático que se apoya en premisas inversas. Se tiende a pensar que quien llega al poder gobierna por derecho propio y no como representante de una voluntad legítimamente constituida, la que por definición es limitada y perecedera.

El resultado es visible: como en el país no hay respeto a las minorías y el orden democrático funciona en clave clientelar, hay la necesidad perpetua de justificar la arbitrariedad

Quien está en la oposición parece asumir que, como buen boxeador peso pesado, lo que debe hacer es esperar su momento para dar el golpe que liquide a quien tiene el poder y simplemente ocupar su lugar y repetir el ejercicio. Los que gobiernan piensan solo en permanecer en el poder aun al precio de violentar las propias reglas que lo han llevado al poder. Nadie tolera a nadie, pero como al fin y al cabo todos se encuentran en el cuadrilátero, tienen que coexistir, al precio de puñetazos limpios.

El resultado es visible: como en el país no hay respeto a las minorías y el orden democrático funciona en clave clientelar, hay la necesidad perpetua de justificar la arbitrariedad con la imagen del consenso legítimo, que encubre el simple abuso, el engaño y el peculado de todo tipo.

En una sociedad democrática puede decirse sin exageración que el reconocimiento de la diferencia es la base de la cohesión social, como se dijo. Lo que equivale a sostener que en las comunidades políticas democráticas la necesidad del acuerdo antecede a la representación y la organiza. En tal virtud, además de aceptar el disenso como parte constituyente del orden social, la democracia lo supone.

La negación de la diferencia es la fortaleza del autoritarismo, el cual remite a un orden político monolítico, homogéneo, donde en el límite el ideal autoritario debe expresar únicamente una voz que sustituye a la comunidad. El sometimiento a la voluntad y pensamiento del líder, del partido o la corporación que gobierna, es pues, el modelo de orden autoritario, el que por definición debe tratar siempre de violentar toda norma, como condición de su propia existencia, el que en virtud de su esencia rechaza la posibilidad de hombres y mujeres libres con voz y pensamiento propios.

En nuestro país, la crisis del orden democrático es de un alcance que se aproxima bastante al “ideal” autoritario descrito, negador de las libertades democráticas y que, abandonado a su propia lógica, conduce a formas dictatoriales. Quizás su novedad se sostenga simplemente en dos aspectos: mantiene la forma democrática de la libertad de opinión, pero compra a la mayoría de sus voceros; realiza ejercicios electorales pero también compra a los electores al convertirlos en simples clientes del Estado.

De esta forma, el disenso y la representación plural se esfuman, conduciendo al sometimiento cuasi total de los organismos del Estado a la voluntad primero del Presidente/Líder, luego de la corporación política o partido en el poder, y más específicamente en este caso, de su comité político, que actúa como cabeza de turco de dicha corporación política. Es el caso nuestro bajo la égida del PLD.

Este modelo de dominación sustituye a la sociedad por la política, al Estado por la corporación partidaria. Produce una confusión aparente de roles donde lo que predomina es el control social de grupos privilegiados. Este esquema de poder asume que el Estado es propiedad del partido (corporación) y que la sociedad es simplemente una fuente de legitimidad política inevitable que debe ser comprada. De aquí que conduzca a una suerte de lógica sistemática de exclusiones en el plano político.

Por ello, produce, en primer lugar, la clientilización de los mecanismos formadores de la legitimidad, de ahí su vocación de hacer de las elecciones el eje central del esfuerzo de legitimación en torno a una lógica de compra, que convierte a toda la sociedad política en un mercado y a los ciudadanos en sus clientes. En segundo lugar, conduce a lo que podríamos llamar  la manipulación del consenso en la sociedad de masas, haciendo de la política un espectáculo mediático prediseñado y manejado igual que una mercancía.

A diferencia de otras experiencias de control político dictatorial, o semi dictatorial en un formato democrático, como el México del PRI, el caso dominicano no organiza corporativamente a las masas para su movilización, persigue más bien lo contrario: su dispersión e inamovilidad. Para ello dispone de dos mecanismos centrales: el enorme poder económico del Estado que se cristaliza en una maquinaria productora de empleos y en un mecanismo organizado a nivel macro social de repartición de favores, como son los casos de la tarjeta solidaridad y las nominillas partidarias, tan caros al PLD.

La función del liderazgo adquiere en el caso dominicano un cariz distinto al mexicano, donde, después de Obregón y Lázaro Cárdenas, el liderazgo fue compartido corporativamente en el partido, lo que permitió organizar la sucesión presidencial controlando el conflicto: “sufragio efectivo no reelección” cohesionó el consenso político de la élite mexicana en el poder.

En el caso del PLD el predominio del liderazgo de Leonel Fernández en el comité político y en las masas del partido impide un orden sucesoral fundado exclusivamente en la corporación. Casi puedo asegurar que en el futuro esto será fuente de conflicto en el partido, como ya lo fue cuando Medina disputó a Fernández la sucesión (2004). Lo único que frena momentáneamente el conflicto sucesoral es la sumisión al líder, como me parece es el caso de la candidatura de Medina en la presente coyuntura. La herencia balaguerista aquí se mantiene y reproduce a escala nunca vista, pero en condiciones llamémosle “modernas”.

El otro nivel del problema es el funcionamiento de mecanismos de represión de las élites y control social del disenso. Los mecanismos en este caso se organizan en torno a la política del miedo. En una sociedad donde el Estado tiene un enorme poder económico y social, se emplea la maquinaria estatal para bloquear el acceso a proyectos culturales, sociales o simplemente económicos, a aquellos miembros de las élites (intelectuales, sociedad civil organizada, empresariado) que disienten o “no se alinean”.

A los empresarios se les exigen “diezmos” para acceder a contratas, se les amenaza con los impuestos tributarios evadidos o tardado en pagarse, los pagos de contratos y compromisos contraídos por el Estado se les alargan y por ello llegan a situaciones límites de asfixie económica que les obliga a someterse a la férula estatal. A los intelectuales que no responden a la línea general se les ignora y no se les da acceso a mecanismos normales en toda sociedad democrática en los proyectos que en materia de investigación, gestión cultural, etc., se organizan.

Las ongs que no comulgan con el oficialismo dejan de gozar de subsidios estatales que sí tienen las ongs oficiales, que son muchas; a las disidentes se les ponen trabas de todo tipo para su acceso al financiamiento internacional o local, etc. Toda la sociedad queda así condicionada al poder del grupo que controla el Ejecutivo. Por ello, de alguna manera, no es descabellado hablar de que en el caso dominicano se asiste a una suerte de dictadura constitucional, o de partido, en esta fase temprana del proceso de consolidación democrática que debía por el contrario consolidar sus instituciones.

El resultado es un lamentable espectáculo político y social. Independientemente de los problemas de exclusión e inequidad social que se agravan, en el país las instituciones estatales se disgregan y se hacen ineficaces; en la sociedad se multiplica la fuerza de delincuentes que asaltan la cosa pública (en los grandes delitos) y al ciudadano privado (en la pequeña y generalizada delincuencia callejera). Nadie hoy se siente seguro en la sociedad dominicana.

No queda aquí otra tarea que la de repensar la democracia como tarea anti autoritaria. En una coyuntura electoral como la presente es claro que hay que asumir la posibilidad del ejercicio electoral como frente de lucha contra el autoritarismo oficial. En toda coyuntura electoral, máxime en la presente, donde existe la posibilidad de que el cuadro descrito se agrave, tras el control total que de los aparatos de Estado pasaría a ejercer el PLD como cuerpo político, en caso de que su candidato triunfara, la tarea central es frenar o detener esa posibilidad.

Pero esto no supone dar un cheque en blanco al PRD como principal fuerza política opositora, y única alternativa real frente al continuismo del PLD. Si bien parece que lo razonable es concitar el apoyo electoral al PRD, el mismo debe estar acompañado de compromisos responsables de parte de esta organización con la sociedad civil, el empresariado, los sindicatos y la sociedad política toda, a fin de concitar la confianza necesaria que permita asegurar que, de alcanzar el poder, dicha organización asumirá compromisos que desmonten en la presente etapa de nuestra vida democrática las bases del control autoritario del Estado que ha construido el PLD, que lo pone en el camino de un ejercicio dictatorial del poder: bloqueo a la participación política efectiva de los ciudadanos, desconocimiento del adversario que es visto como enemigo, aplastamiento de cualquier voz disidente.

Aún así, pasada la coyuntura electoral, si la sociedad en su conjunto no asume las responsabilidades que le corresponden en todo sistema democrático y, a través de sus órganos de la sociedad civil y del empresariado organizado, pasa a ejercer un liderazgo social responsable frente al poder político, las bases de un desarrollo autoritario asentado  en torno a un poder estatal en permanente fortalecimiento pondrán en peligro de extinción lo que aún queda de democracia política en el país.

Fuente: http://www.acento.com.do/index.php/blog/3962/78/Conflicto-democratico-y-coyuntura-electoral.html