GOBERNABILIDAD SE COMPLICA

La gobernabilidad se le complica al presidente Danilo Medina y al país.
A casi un año de gestión gubernamental, la sociedad dominicana se empodera contra el alto costo de la vida,  los abusivos y exagerados precios de los combustibles, alimentos, alquileres, apagones y tarifas eléctricas, impuestos y medidas cautelares abusivas, cierre masivo de negocios que no pueden sobrevivir,  inseguridad ciudadana, endeudamiento externo e interno complicado, las acusaciones del ex presidente Hipólito Mejía de que los peledeistas promueven  la destrucción del  único partido que encarna los sentimientos de protestas de los dominicanos, que es el Partido Revolucionario Dominicano, y la parálisis económica, producto del escandaloso déficit fiscal  que dejó el gobierno del ex presidente Leonel Fernández, complican la gobernabilidad al presidente Danilo Medina y al país.

Analistas consultados consideran que quien más promueve la ingobernabilidad es el actual gobierno, que no ha llevado a los tribunales al ex presidente Fernández, en cuya gestión se utilizaron cerca de 200 mil millones de pesos sin los soportes correspondientes.
Críticos de la actual gestión de gobierno entienden que el presidente Danilo Medina debe investigar si es cierto que fueron incinerados documentos  importantes en la pasada gestión gubernamental que servirían de pruebas sobre el escandaloso déficit fiscal del año pasado.

ROMPIMIENDO CON LA CLASE MEDIA
El actual gobierno es enfrentado por la clase media, que se queja del impacto negativo del paquete fiscal con el cual el gobierno prefirió tapar el déficit fiscal dejado a la nación  por el gobierno del ex presidente Leonel Fernández.
El grito de la clase media se siente en colmados, supermercados, farmacias, parques, plazas comerciales y en las tertulias en los supermercados.

CLASE MEDIA Y POBRES Y GOBIERNO DE DANILO MEDINA ENFRENTADOS
La clase media y los pobres están enfrentando las decisiones económicas del gobierno que fomentan la pobreza.
Después del último paquetazo fiscal, de seis aprobados en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), crece el grito ciudadano de que en el nuevo gobierno le han dado el tiro de gracia a la clase media y los pobres.
En los supermercados Primicias comprobó una disminución en las ventas de alimentos, al igual que medicinas en las farmacias, por las alzas escandalosas en los precios.
Personas que utilizaban carros grandes en sus compras, ahora se ven disminuidas con pequeños por el impacto del costo de la vida.
El disgusto de la población con el gobierno se confirma con la reacción ciudadana respecto al incremento escandaloso del impuesto de derecho a circulación, quiebra de empresas, pocos empleos, parálisis en las ventas de los negocios, marchas y protestas comunitarias, duras criticas por los apagones y facturación eléctrica, la persistencia de tarifas telefónicas con impuestos en mas de un treinta por ciento, el auge delincuencial, robos en los hogares y empresas, la pobreza de los servidores públicos y privados, la falta de sanciones a los responsables del uso de 187 mil millones de pesos sin soportes en el pasado gobierno, la impunidad con los responsables de contratos escandalosos firmados en la pasada administración en el Ministerio de Obras Publicas, los que han costado cientos de millones de dólares al país, la no reducción de erogaciones millonarias en nominas publicas clientelistas y el impacto negativo de la veda de Haití a los huevos y carne de pollo.
También por el incumplimiento del 4 por ciento en la ejecución presupuestaria para la educación, los exagerados precios de los combustibles, considerados los mas caros del mundo, disgusto de los maestros, agrónomos, enfermeras, guardias, policías, médicos y otros empleados públicos por los bajos salarios, las protestas por los cuatro carriles de la Autopista Navarrete-Puerto Plata y la situación de emergencia de la caída del turismo en Puerto Plata y la Costa Norte, donde han cerrado 12 mil habitaciones.
Abundan también las críticas por la ofensiva de endeudamiento externo del gobierno y por la austeridad gubernamental, que impacta negativamente en las empresas y otras actividades económicas, amenazando incluso medios de comunicación y otras empresas.
En los colmadones ha disminuido la presencia de personas por los efectos de la crisis y de las alzas en los precios de los productos.
“La clase media y los pobres no aguantamos mas, el gobierno exprime el pueblo para que pague el déficit fiscal que dejo el gobierno pasado, sin que haya ningún tipo de sanción contra los responsables”, dice la gente del pueblo.
Otros comentan que si bien el presidente Medina tiene un estilo sencillo, eso no le exonera de los efectos de su política de apretar con nuevos impuestos que castigan a la clase media y los pobres.

SITUACION EXPLOSIVA
El país, no hay dudas, vive una situación explosiva y cualquier llamado podría provocar un tsunami social que daría al traste con la gobernabilidad, hoy  mermada por la coincidencia de factores como  la insatisfacción social, impunidad con la corrupción, cierre de negocios por la vía administrativa,  desempleo en crecimiento y otros factores, como el que le atribuye el ex presidente Mejía al presidente Medina y al doctor Leonel Fernández de tener supuesto interés en la destrucción del PRD para que no  haya oposición y el partido morado gobierne hasta 2036.
Un PRD en las calles combatiendo el gobierno que encabeza Medina, al ex presidente Leonel Fernández y al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, coincidiría con la problemática actual, se convertiría en una bomba de tiempo de consecuencias impredecibles.  
La población está cansada de que el gobierno sea el mayor beneficiario de la cartera de préstamos en el país.
De los megaproyectos con un endeudamiento escandaloso que pagarán las presentes y futuras generaciones.
Cansada del excesivo poder acumulado por el ex presidente Leonel Fernández, a quien atribuyen el control  del Congreso Nacional y las altas cortes.
La sociedad enfrenta el arrodillamiento del Congreso Nacional a los postulados de Fernández
El país está incómodo  por el Pacto Secreto entre el ex presidente Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Este último es calificado como traidor por las bases del Partido Revolucionario Dominicano, que representa un 50%  de la población dominicana.
El PRD en las calles podría ser el detonante sin ningún tipo de control de un tsunami social, que se alimenta de decisiones equivocadas de quienes quieren desbaratar el PRD y de las decisiones del Tribunal Electoral, Constitucional, Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia.

CONTRA UN PARTIDO UNICO
Las expresiones del  ex presidente Leonel Fernández de que el Partido de la Liberación  Dominicana (PLD) gobernará hasta el 2036,  evidencian la política dictatorial de Fernández y del Comité Político morado de  instaurar una dictadura de partido único, lo que irrita a amplios sectores de la sociedad dominicana.
Según esos sectores, el discurso de Fernández en la apertura del Congreso del PLD pone de manifiesto  el interés de implantar una dictadura encubierta con apariencia democrática,  la cual ha gozado Fernández en sus mandatos.
Esa dictadura aplastaría a los partidos políticos, empresarios y es una amenaza a la libertad de expresión en el país, de acuerdo a  los analistas.
Hace poco fue analizado en un medio de comunicación el tema de las fortunas de los miembros del Comité Político del PLD, quienes vendrían sustituyendo al empresariado tradicional dominicano.

OTROS PROBLEMAS AFECTAN GOBERNABILIDAD 
Otros problemas que afectan la gobernabilidad son los siguientes:
Que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) desmonte un área protegida cercana al Lago Enriquillo,  lo que le genera frentes al gobierno.
Un fuerte rechazo a la gestión del presidente Medina lo produce el intento de cerrar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y sus hospitales,  lo cual es combatido  por centrales sindicales, médicos, enfermeras y otros importantes sectores de la colectividad nacional.
Igualmente, los masivos reclamos de construcción de obras prometidas en  la campaña electoral.
En Santiago, en otro orden,  hay una lucha masiva contra los haitianos indocumentados, muchos de los cuales participarían en actos delictivos
Otro problema es la amenaza de una asociación de cerrar las clínicas por un conflicto económico con las ARS y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
Insatisfacción total de los empleados públicos, guardias y policías por  los bajos salarios que paga el Estado, mientras ocurre lo contrario con  los ministros, viceministros y funcionarios protegidos por las altas instancias del gobierno
Otro serio problema lo genera la actuación impopular del Ministro de Deportes, doctor Jaime David Fernández Mirabal,  por el maltrato a atletas y sectores importantes del deporte
Apagones de  cuatro días  en las comunidades del Mirador del Ozama, e otro elemento perturbador
También las acusaciones de que miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) colocarían narcóticos a jóvenes del sector capotillo , es una denuncia preocupante que debe  ser investigada  por el  presidente Danilo  Medina
También alarma el robo de cables eléctricos y telefónicos,  las tapas en los filtrantes,  ojos de gatos en las avenidas,  las lámparas de  los parques,  que ciudadanos tengan que pagar 100 pesos para poner una querella en la Charles de Gaulle,  la acusación contra dirigentes del FELABEL que se consideran inocentes y otros problemas hacen daño a la gobernabilidad en el país.
La sociedad se siente desprotegida también por los abusos de los colegios privados, que requieren pagares notarial a los padres de los alumnos

DENUNCIA DICTADURA FISCAL
El vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Jaime Fernández Lazala, aclara que la administración pública ni los organismo descentralizado del Estado pueden aplicar medidas cautelares, como multas, y cerrar negocios sin la autorización de un Tribunal.
Explicó que previo a hacerlo deben someter al inculpado a un tribunal que conozca su caso y determine una medida cautelar o su pena. Lo contrario es una Dictadura Fiscal
El Código Tributario y la Norma General No.23-96 sobre Cierre de Establecimiento y/o Suspensión de Actividades, es inconstitucional porque, viola el debido proceso de ley. DGII informó que los operativos de chequeo de establecimientos fueron iniciados el pasado ocho de abril del 2013 y hasta la fecha han sido cerrados 60 negocios, por violar el Código Tributario.
"La Constitución garantiza los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección que son el Hábeas data, para la libertad de expresión, la Acción de Hábeas corpus, para  el que es privado de libertad injustamente y la acción de amparo, para proteger al que se le violen los derechos fundamentales"
Ni Pro-consumidor, ni Impuestos Internos, ayuntamientos y otras entidades  pueden aplicar medidas cautelares ni multas y cierre de negocios y sanciones ni  hacer más de 20 llamadas al día "acosando a los contribuyentes, sin antes someter al imputado al tribunal correspondiente".
La violación a las leyes. Resoluciones y Reglamentos, y la ilegitimidad de un acto o hecho que determine violación o daño moral  a la cosa pública, debe ser precedida a la existencia de vía para recurrir ante los Tribunales y la debida citación legal en el tiempo oportuno, y el debido apoderamiento Esos pasos constituyen las condiciones propias e inherentes que dan lugar al pago de una multa o sanción ya sea de Pro-consumidor o de Impuestos Internos. En tal sentido, el proceso para juzgar a los contribuyentes, no se sustrae, bajo ningún estamento  a que se desconozcan los principios que gobiernan el debido proceso de Ley.
En caso de sometimiento de un contribuyente, por ante Pro Consumidor, Impuestos Internos, Los Ayuntamientos,  es imprescindible que se instrumente un expediente ante el Tribunal competente, fundamentado en las norma legal, garantizando en todo caso el derecho de defensa al presentar sus alegatos antes de sufrir algún  tipo de sanción o multa.