LA CORPORACIÓN PLD

Julia Bayona, miembro de Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, presentó la campaña “¡Quítate la venda!”, basada en un conjunto de cinco mensajes dirigido a diferentes segmentos de votantes

Frente a este panorama, y en la coyuntura electoral como una posibilidad concreta, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia ha planteado la necesidad de un pacto por la democracia que rescate el país del callejón sin salida al que lo ha llevado la dictadura constitucional encabezada por Leonel Fernández. Un pacto que, partiendo de tres grandes temas fundamentales: reforma política, crecimiento económico con equidad social y saneamiento de la administración pública, nos ponga nuevamente en el camino de echar hacia adelante las conquistas democráticas de los últimos cincuenta años y de restituir al Estado su función primordial de ser garante del bien común.

El pacto es la expresión de las inquietudes que dieron origen al grupo y con él se pretende recuperar el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia de la República, para impulsar las reformas sociales, económicas, políticas y constitucionales que restablezcan el juego democrático. Es necesario votar decididamente contra el continuismo del proyecto autoritario del PLD y es necesario obtener de las opciones políticas opositoras, en todas sus vertientes, su compromiso con un programa renovador que coloque a la nación en el verdadero camino del progreso. Es menester aclarar que aunque el PRD se perfila hoy como la única opción electoral en condiciones de derrotar el proyecto continuista, ello no lo hace acreedor de un cheque en blanco, por lo que este partido debe comprometerse claramente como todas las demás fuerzas opositoras con el cambio de la sociedad dominicana.

1. Dada la circunstancia de que el PRD es el único partido en capacidad de derrotar el continuismo peledeísta, el pacto propone otorgarle a su candidato un voto crítico y sobre la base de los puntos que se incluyen en él y que son los siguientes:

• Iniciar la reforma política del Estado con el fin de desmontar la dictadura constitucional. El candidato ganador se compromete a someter, juntamente con las organizaciones sociales, un proyecto de ley de reforma constitucional que introduzca la figura de la constituyente como mecanismo de modificación constitucional, previa consulta popular cuyos resultados deberán ser sometidos a referendo, quedando el presidente vinculado de manera expresa con estos resultados.

• Impulsar la descentralización del Estado mediante la aplicación de la normativa que establece la transferencia del 10% del presupuesto a los municipios, y el apoyo a la autonomía municipal y a la participación de los munícipes en la gestión del desarrollo local.

• Colaborar con el desarrollo de un sistema electoral que garantice la competencia política en igualdad condiciones y que a su vez posibilite la transparencia de los actores políticos, eliminando el uso de los recursos del Estado, las prácticas clientelistas, la promoción del transfuguismo y la compra de lealtades. Además, comprometerse con la aprobación inmediata de la Ley de Partidos Políticos y con la selección del Defensor del Pueblo.

• Lograr un crecimiento económico con inclusión social, que cree empleos de calidad para reducir la pobreza, reestructure el aparato productivo, diseñe políticas públicas que mejoren la equidad social y de la inversión territorial, orientada hacia la población más vulnerable.

• Ejecutar políticas de inversión que limiten las diferencias regionales y potencien iniciativas que creen empleos, renta y calidad de vida en las localidades, mediante el incentivo a la microempresa, con solidas alianzas público/privado.

• Garantizar la infraestructura y proveer los servicios básicos que sirven de apoyo a la producción a todos los niveles, como es el caso particular de la energía eléctrica, que constituye un evidente factor limitador del desarrollo nacional.

• Combatir corrupción y la impunidad. Aplicación de las leyes y normativas internas que condenan la corrupción pública y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual el país es signatario. Esto implica procurar la sanción de todo acto corrupto cometido en el pasado y los que se cometan bajo la futura administración. El Gobierno deberá proveer a los organismos concernidos los recursos necesarios para cumplir cabalmente sus funciones preventivas de la corrupción.

• Garantizar la independencia del Ministerio Público, como queda consignado en su Ley Orgánica, y designar en el cargo de Procurador General de la República a una persona que cumpla con el requisito de incuestionable probidad e idoneidad personal y profesional.

• Garantizar la independencia de los órganos de control del Estado, en especial de la Contraloría General de La República, a fin de poder constituir una función contralora eficiente.

• Aplicar de manera irrestricta la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado y establecimiento definitivo de la cuenta única de la Tesorería Nacional.

• Aplicar la Ley de Función Pública y la Carrera Administrativa, estableciendo un sistema de remuneración de los servidores públicos racional, transparente y que responda a las necesidades del servicio, eliminando el uso clientelar de la administración pública.

• Preservar los recursos naturales estableciendo políticas claras y transparentes de explotación de los recursos mineros e industriales, anteponiendo siempre el interés general y garantizando que se traducirá en bienestar para la sociedad, pero en especial para los ciudadanos donde se realice.