VISIÓN POLÍTICA

Presidente Medina encubre a funcionarios implicados en Odebrecht

Por Fausto Herrera Catalino*

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”

Epicteto de Frigia (55-135), filósofo estoico.

El meteórico ascenso político, económico y social del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana conllevó un proceso de movilidad de la pequeña burguesía a una clase corporativa, que gobierna al amparo de la corrupción política.

En el contexto internacional, la dimensión del caso Odebrecht es la culminación de múltiples escándalos. Un total de 94 expedientes según la investigación de Participación Ciudadana [1]; sin las correspondientes sanciones judiciales.

¡Justicia ejemplar, sin privilegios ni exclusiones, es la demanda actual de la sociedad dominicana! ¿Por qué el presidente Danilo Medina encubre a los implicados que son funcionarios en su gobierno?

Una sumaria relación de la corrupción en los gobiernos peledeístas [2], a continuación:

1. La capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, más de mil millones de dólares debieron entrar en las arcas del Banco Central de la República. El país no recibió un dólar de dicha suma.
2. Estafa a Molinos Dominicanos (empresa procesadora de trigo), que envuelve la suma de 300 millones de pesos dominicanos.
3. El pretexto de “pagar o matar” del Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME), donde se malversaron mil millones de pesos dominicanos.
4. El caso Sun Land, del cual, todavía hoy, se desconoce cuánto el gobierno invirtió de los US$130 millones de dólares en infraestructuras.
5. La construcción de la cárcel en Higuey costó 1,200 millones de pesos, cinco veces el valor de una similar construida por la Procuraduría General en Moca.
6. Mientras que un parqueo de estacionamiento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, salió por mil millones de pesos sin tener que comprar el terreno.
7. Irregularidades en el Seguro Médico para Maestros (SEMMA), 17 funcionarios fueron sometidos por haber malversado RD$500 millones de pesos.
8. El expediente sobre la adquisición de 8 aviones Súper Tucanos para combatir el narcotráfico. Irregularmente se transfirieron US$ 16.9 millones para cubrir compromisos de las Fuerzas Aérea Dominicana.
9. La sobrevaluación en la remodelación del hospital público Darío Contreras, a cargo de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, entre el primero de enero de 2013 y el 28 de mayo del 2014, identificaron partidas con volúmenes cubicados y no ejecutados ascendentes a RD$ 4 557 087, entre la entidad estatal y el contratista.
10. La estafa en la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este a la empresa INFEPA, asociada a la TITULATEC, de los 80 millones de pesos que se contrató a precio de minucia, la Corporación de Empresas Estatales (COIRDE) apenas recibió, siete años después, 15 millones 200 mil pesos.
11. El emporio descubierto al ingeniero Diandino Peña Criqué, cancelado como Director de la OPRET; es propietario de 29 empresas, 15 registradas en el extranjero y 14 registradas en República Dominicana, relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.
12. Durante el primer mandato del presidente, Danilo Medina, se realizó la licitación de las 2 plantas a carbón de Punta Catalina, en la sureña provincia Peravia.

La misma fue adjudicada a la empresa Odebrecht. El Consorcio IMPE y China Gezhouba Group Company Limited elevó un recurso quienes alegaron que en el contrato de construcción hubo sobrevaluación del costo.

De acuerdo a estudio realizado por el ingeniero Antonio Almonte estimó una sobrevaluación de más de US$600 millones.

Los referidos desfalcos de las finanzas públicas son típicos actos de la delincuencia política.

El ex presidente Leonel Fernández, en un reciente artículo “Odebrecht y el combate contra la corrupción”, justifica la mala conducta del PLD cuando expresó su opinión cómplice a la impunidad que impera a consecuencia del modelo de gestión que ha practicado su organización partidaria.

Dicho criterio del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, talvez no influya al Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, nombrado durante su administración de gobierno, a beneficio de un descargo a los imputados.

El país no resiste otra frustración de la administración de la Justicia. Esta vez el mundo observa. La ciudadanía dominicana cifra su esperanza para el saneamiento del quehacer político nacional en su impulso a la movilización de la Marcha Verde “Por la transparencia, contra la corrupción y por el fin de la impunidad”.

El profesor Juan Bosch, advirtió a sus discípulos, cito: “Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto, o sucio o inmoral”.

El delito mayor del PLD es la gran decepción que sufre la República Dominicana, a consecuencia de que desde los gobiernos ejercidos, incumplieron sus principios éticos, y cambiaron a la corrupción por una pandemia social. Su éxito ha sido el reino de la impunidad. ¡Basta ya!

Junio 2017

(*)El autor es dirigente del Foro Renovador.

Bibliografía

Gerón, C. (2016). 172 años de Corrupción en la Republica Dominicana (1844-2014). Cáncer Globalizado. Santo Domingo: SERIGRAF S.A.

Participación Ciudadana. (2014). La Corrupción sin Castigo. Santo Domingo: Editora Universitaria, UASD.

[1] (Participación Ciudadana, 2014, pág. 31)

[2] (Gerón, 2016, págs. 205-493)