27 Marzo 2012, 10:37 AM
Escrito por: Pedro P. Yermenos Forastieri (yermenosanchez@codetel.net.do)

El tema de la calidad de la democracia dominicana se ha puesto en la palestra y eso ha sucedido en un proceso electoral, lo cual, le adiciona pasión a las posiciones, perdiéndonos la oportunidad de discutir a fondo un tópico trascendente para los habitantes de un país merecedor de mejor destino.

 Hay consenso en la fragilidad de la democracia que nos rige en tanto se ha reducido a la posibilidad cada 4 años de seleccionar autoridades. Incluso eso se ejerce en circunstancias que cuestionan la plenitud en que ese derecho es asumido. ¿Votamos con real libertad? ¿No estamos condicionados por un escenario electoral inequitativo? Es tanta nuestra precariedad institucional que muchos niegan que disfrutemos de algo que pueda, con razón, llamarse democracia.

El asunto ha llegado más lejos. Una corriente de pensamiento ha elaborado la tesis de que en el país se ha conformado una dictadura constitucional.

El argumento no es complejo. Una auténtica democracia se caracteriza por la separación de los poderes y por un accionar independiente de sus instituciones. Si eso no es así y, al contrario, esa institucionalidad sólo se manifiesta en términos formales, pero en realidad responde de forma absoluta a los dictámenes de uno de esos poderes, ahí está la expresión de una dictadura protegida por el escudo de la normativa que nos regula.

¿Qué ocurre en la República Dominicana? El poder ejecutivo lo controla el PLD. También tiene mayoría apabullante en el congreso, al extremo de que cuando el presidente no había descartado su repostulación, una comisión de senadores lo visitó para entregarle una carta expresándole su disposición de acatar su decisión, en lo que constituyó uno de los actos más deleznables de la historia legislativa.

En la constitución, hechura del presidente, se estructuró un consejo nacional de la magistratura en el cual, dicho primer mandatario tiene un predominio absoluto. Al ser ese órgano quien designa las denominadas altas cortes, eso le permite dominar la suprema corte de justicia, el tribunal constitucional y el tribunal superior electoral. Eso, adicionado a la previa elección que se había hecho con los mismos criterios de control, de la junta central electoral y la cámara de cuentas.

De esa forma, se ha configurado una institucionalidad que de institucional sólo tiene la apariencia, pero en los hechos responde a un interés político único, con las consecuencias que eso implica para un sistema democrático que aspire a ser verdadero. Continuará.